Francia espera “garantías tangibles” del Mercosur
PARÍS (AFP). Francia “no firmará en sus términos actuales” el acuerdo de liberalización comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, dijo el ministro francés de Comercio Exterior, Franck Riester.
La UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmaron el acuerdo en 2019, tras 20 años de negociaciones, pero para entrar en vigor tiene que ser ratificado por los Gobiernos de los Veintisiete y por sus parlamentos nacionales, e incluso en algunos casos también por los regionales.
Francia “espera garantías tangibles y objetivas” de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) “sobre las normas medioambientales y sanitarias”, señaló el ministro tras una reunión del comité de seguimiento de la política comercial de Francia.
“Nuestras exigencias son claras, hay que trabajar en el fondo para que sean lo más objetivas posible para avanzar en el acuerdo”, dijo el ministro, que lamentó que los últimos compromisos asumidos por Brasil en diciembre para reducir los gases de efecto invernadero fueran “aún menos ambiciosos que los anteriores” .
“Si Brasil cambia su posición en la COP26 (prevista para noviembre en Glasgow), esto sería un paso en la dirección correcta, pero además de eso, tendría que haber elementos tangibles”, añadió. Citó la necesidad de “un instrumento técnico y legal europeo para verificar que cada importación no tiene un impacto negativo en la deforestación”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ya se había pronunciado en contra de ese acuerdo en 2019, en plena crisis diplomática con su par brasileño.
Además de Francia, países como Bélgica, Países Bajos y Austria que piden un refuerzo de los controles medioambientales, ya que están preocupados por la política de agronegocios en el Amazonas que lleva a cabo el presidente brasileño.
El acuerdo UE-Mercosur abarcaría un mercado de más de 750 millones de personas. Pero su ratificación quedó en “punto muerto” por la ausencia de mecanismos vinculantes de garantías medioambientales.
Para que entre en vigor, todos los parlamentos nacionales de la UE deben ratificarlo.