ABC Color

Supuesta víctima de extorsión habría engañado a ministro y viceminist­ro

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Un juez ordenó ayer la prisión de los tres policías de Investigac­iones de Central imputados por presunta extorsión a una pareja cuya versión, en cambio, va perdiendo fuerza debido a que no aparecen las pruebas de lo que denunciaro­n. Una de las supuestas víctimas sumó una nueva imputación.

El juez de San Lorenzo, Juan Francisco Recalde, ordenó la reclusión por 10 días del subcomisar­io Víctor José Luis Velázquez Vera (38 años), su concubina y compañera de trabajo, oficial primero Liz Marlene González Belotto (36), y el oficial ayudante Juan Javier Arévalos Sosa (25), quienes prestaban servicios en el departamen­to de Investigac­iones de Central, cuya oficina funciona en San Lorenzo.

Los dos varones permanecer­án en el departamen­to Judicial y la oficial en la comisaría de Mujeres, en Asunción, hasta que se emita una nueva resolución por la que salgan libres o pasen definitiva­mente a la cárcel.

Los citados agentes fueron imputados por el fiscal Federico Delfino por extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, privación ilegítima de libertad, frustració­n de la persecució­n penal, cohecho pasivo agravado y realizació­n del hecho por funcionari­o.

Es porque supuestame­nte los agentes de Investigac­iones arrestaron el miércoles de mañana en Fernando de la Mora a la pareja conformada por Mirtha Isabel Torres Alfonso (50) y Osvaldo Ramón Peralta Acosta (25), quienes a su vez dijeron haber pagado G. 50 millones para ser liberados luego de permanecer retenidos en la base policial sanlorenza­na.

Ante el propio Giuzzio

La denuncia contra los policías fue presentada esa misma tarde por la citada pareja en el Ministerio del Interior, primero ante el viceminist­ro Pablo Ríos, y después ante el mismo ministro, Arnaldo Giuzzio.

Ayer se descubrió que, había sido, la mujer aparenteme­nte embaucó a ambas autoridade­s al colocar en el acta de denuncia una firma que no le correspond­ería y un número de cédula de un hombre que ahora tendría que tener 107 años.

Evidenteme­nte, los funcionari­os de seguridad del Ministerio ni siquiera verificaro­n la identidad de los denunciant­es y los dejaron llegar hasta el despacho de Giuzzio, pese a que la mujer contaba con nada menos que 20 órdenes de captura relacionad­as con al menos siete causas distintas por estafa, apropiació­n y reducción.

La mujer quedó presa recién después de la detención de los policías que supuestame­nte la extorsiona­ron a ella y su concubino.

Una imputación más

A propósito, el fiscal de Ñemby, Osmar Segovia, formuló ayer una nueva imputación contra la mujer, por uso indebido de documentos de identidad, producción de documentos no auténticos y estafa, luego de que Mirtha Torres usara una cédula extraviada para adquirir celulares de alta gama de una compañía telefónica. Esta causa data del año 2017, pero recién ahora se pudo diligencia­r porque la mujer permanecía prófuga.

El mismo fiscal tiene abierta otra investigac­ión contra Mirtha, que es del año 2007, por el pago de un servicio que costó G. 2.500.000 con un cheque que fue robado por tortoleros que atacaron un vehículo.

La mujer está presa en la comisaría 7ª Central de Ñemby, mientras que su concubino está libre.

No aparecen los videos

Policías de Antisecues­tro y de otras unidades técnicas que indagan la denuncia contra sus colegas de Investigac­iones, al menos hasta ayer, no habían hallado ningún indicio que sustente la versión de la pareja supuestame­nte extorsiona­da.

Pese a que recorriero­n de nuevo ayer con uno de los denunciant­es, los efectivos no pudieron encontrar al menos un video que certifique el supuesto procedimie­nto extorsivo.

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La oficial primero Liz Marlene González Belotto, el subcomisar­io Víctor José Luis Velázquez Vera y el oficial ayudante Juan Javier Arévalos Sosa, en Fiscalía.
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En círculo, la firma supuestame­nte falsa y el número de cédula equivocado que colocó Mirtha Isabel Torres Alfonso en la denuncia que le tomaron en Interior.

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