Supuesta víctima de extorsión habría engañado a ministro y viceministro
Un juez ordenó ayer la prisión de los tres policías de Investigaciones de Central imputados por presunta extorsión a una pareja cuya versión, en cambio, va perdiendo fuerza debido a que no aparecen las pruebas de lo que denunciaron. Una de las supuestas víctimas sumó una nueva imputación.
El juez de San Lorenzo, Juan Francisco Recalde, ordenó la reclusión por 10 días del subcomisario Víctor José Luis Velázquez Vera (38 años), su concubina y compañera de trabajo, oficial primero Liz Marlene González Belotto (36), y el oficial ayudante Juan Javier Arévalos Sosa (25), quienes prestaban servicios en el departamento de Investigaciones de Central, cuya oficina funciona en San Lorenzo.
Los dos varones permanecerán en el departamento Judicial y la oficial en la comisaría de Mujeres, en Asunción, hasta que se emita una nueva resolución por la que salgan libres o pasen definitivamente a la cárcel.
Los citados agentes fueron imputados por el fiscal Federico Delfino por extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, privación ilegítima de libertad, frustración de la persecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario.
Es porque supuestamente los agentes de Investigaciones arrestaron el miércoles de mañana en Fernando de la Mora a la pareja conformada por Mirtha Isabel Torres Alfonso (50) y Osvaldo Ramón Peralta Acosta (25), quienes a su vez dijeron haber pagado G. 50 millones para ser liberados luego de permanecer retenidos en la base policial sanlorenzana.
Ante el propio Giuzzio
La denuncia contra los policías fue presentada esa misma tarde por la citada pareja en el Ministerio del Interior, primero ante el viceministro Pablo Ríos, y después ante el mismo ministro, Arnaldo Giuzzio.
Ayer se descubrió que, había sido, la mujer aparentemente embaucó a ambas autoridades al colocar en el acta de denuncia una firma que no le correspondería y un número de cédula de un hombre que ahora tendría que tener 107 años.
Evidentemente, los funcionarios de seguridad del Ministerio ni siquiera verificaron la identidad de los denunciantes y los dejaron llegar hasta el despacho de Giuzzio, pese a que la mujer contaba con nada menos que 20 órdenes de captura relacionadas con al menos siete causas distintas por estafa, apropiación y reducción.
La mujer quedó presa recién después de la detención de los policías que supuestamente la extorsionaron a ella y su concubino.
Una imputación más
A propósito, el fiscal de Ñemby, Osmar Segovia, formuló ayer una nueva imputación contra la mujer, por uso indebido de documentos de identidad, producción de documentos no auténticos y estafa, luego de que Mirtha Torres usara una cédula extraviada para adquirir celulares de alta gama de una compañía telefónica. Esta causa data del año 2017, pero recién ahora se pudo diligenciar porque la mujer permanecía prófuga.
El mismo fiscal tiene abierta otra investigación contra Mirtha, que es del año 2007, por el pago de un servicio que costó G. 2.500.000 con un cheque que fue robado por tortoleros que atacaron un vehículo.
La mujer está presa en la comisaría 7ª Central de Ñemby, mientras que su concubino está libre.
No aparecen los videos
Policías de Antisecuestro y de otras unidades técnicas que indagan la denuncia contra sus colegas de Investigaciones, al menos hasta ayer, no habían hallado ningún indicio que sustente la versión de la pareja supuestamente extorsionada.
Pese a que recorrieron de nuevo ayer con uno de los denunciantes, los efectivos no pudieron encontrar al menos un video que certifique el supuesto procedimiento extorsivo.