Impresentables blindan a Sandra
Cartistas y abdistas, con la ayuda del senador José Pakova Ledesma (PLRA) y las ausencias de tres liberales y del senador Sixto Pereira (FG), blindaron ayer a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, de un juicio político en su contra.
Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso, varios de ellos cuestionados o con casos pendientes ante la Justicia, impidieron ayer la creación de una mesa receptora de denuncias contra la fiscala general
Sandra Quiñónez. En tanto, en Villa Hayes, anoche rechazaron la gestión de la mencionada, solicitaron la libertad de Efraín Alegre y repudiaron al clan Núñez liderado por el cartista Bachi.
Por apenas cuatro votos a favor emitidos por la diputada Kattya González (PEN), la senadora Georgia “Nani” Arrúa (PPQ) y los diputados Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Tito Ibarrola (Hagamos) y 13 en contra, con el apoyo de cinco ausencias, fue archivado el proyecto de resolución que buscaba recepcionar las denuncias ciudadanas en contra de la gestión de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, como primer paso para la presentación de un juicio político.
Varios cartistas argumentaron que la pretensión de los más de 20 diputados opositores era “inconstitucional” y que aprobar la resolución sería abrogarse funciones que no les correspondían. El diputado Basilio “Bachi” Núñez, denunciado por adquirir propiedades municipales, afirmó que sería un “garrote parlamentario” y que, según él, se estaba siguiendo un plan de partidos de izquierda y de oposición.
La diputada Del Pilar Medina (ANR, cartista) –sobreseída por supuesta violación de la cuarentena sanitaria con una ínfima multa– leyó los argumentos del porqué debían rechazar y, en un momento dado, dijo que ya existe un órgano que controla a fiscales y jueces. Sin embargo, varios legisladores le dictaron que se trataba del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La diputada Kattya González (PEN) fundamentó el proyecto de resolución y dijo que no pueden seguir en sus cargos fiscales y jueces ineptos y corruptos y pidió a sus colegas no ser cómplices. Se preguntó: ¿quién no ha sido víctima de un apriete de la Fiscalía o del Poder Judicial? González consideró que los parlamentarios debían dar curso al pedido atendiendo a que más de 20 diputados lo solicitaron. Sin embargo, la presidencia, encabezada por Raúl Latorre (ANR, cartista), sostuvo que el pedido debía ser aprobado por mayoría de dos tercios.
El diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna, quien fue investigado por un supuesto caso de planillerismo de jugadores de un club de fútbol Ypacaraí en el TSJE, dijo que la comisión era “innecesaria”.
El diputado Esteban Samaniego (ANR, Añetete) votó en contra. Este sigue investigado por un supuesto desfalco en la comuna de Quyquyhó.