Inundaciones, negocio de políticos y autoridades.

Tres plazas ubicadas en el microcentro de Asunción fueron declaradas “patrimonio histórico nacional” por la Ley Nº 6284/19, que a la vez encargó a la Secretaría Nacional de Cultura velar por su protección, junto con la Policía Nacional. Como es de conocimiento público, esas instituciones se cruzaron de brazos cuando dichos lugares fueron ocupados por las víctimas –reales o supuestas– de la última inundación, como también lo están haciendo actualmente. La Municipalidad también tiene su gran cuota de responsabilidad, pues las plazas son parte de su dominio público, estando, en consecuencia, obligada a precautelarlas. Pero todas son instituciones de papel, pues lo único que hicieron fue mirar a los costados y otorgar una suerte de permiso de ocupación para que allí se instalaran quienes, entre otras cosas, causaron notables daños materiales. A muchos les viene bien que la historia se reitere porque ello les permite presentarse como generosos.

Las plazas Independencia, Juan de Salazar y la de Armas, ubicadas en el microcentro de Asunción, fueron declaradas “patrimonio histórico nacional” por la Ley Nº 6284/19, que a la vez encargó a la Secretaría Nacional de Cultura prever los rubros presupuestarios para mantenerlas y velar por su protección, junto con la Policía Nacional. Como es de conocimiento público, esas instituciones se cruzaron de brazos cuando las plazas fueron ocupadas por las víctimas

–reales o supuestas– de la inundación anual. La Municipalidad también tiene su gran cuota de responsabilidad y tendría que haber hecho algo al respecto, pues las plazas son parte de su dominio público, estando, en consecuencia,

obligada a precautelarlas. Pero todas son instituciones de papel, pues lo único que hicieron fue mirar a los costados y otorgar una suerte de permiso de ocupación para que allí se instalaran quienes, entre otras cosas, causaron notables daños materiales.

Aparte de que los asuncenos quedaron privados del uso de las tres plazas durante largos meses, la administración municipal las reparó a costa de esas víctimas: solo la Plaza

de Armas insumió unos 700 millones de guaraníes . La patética historia se repite cada año, sin que ni el Gobierno central ni la Municipalidad le pongan fin. Al contrario, los

invasores son alentados a permanecer en las plazas, ya que son proveídos gratuitamente de agua, de baños portátiles y hasta de wifi, a lo que se suma que también se les deja robar energía eléctrica. Por cierto, tampoco el Ministerio Público cree oportuno intervenir ante las flagrantes violaciones del Código Penal y la inacción culposa de las autoridades

competentes. Lo novedoso ahora es que la usurpación no deriva solo de la crecida, sino también del incendio producido en las inmediaciones a fines del año pasado, de lo que se desprende que la bajante posterior de las aguas no influirá en el ánimo de los afectados. En esta época electoral es impensable que estos potenciales votantes sean molestados.

Los ocupantes se sienten muy cómodos y no tienen la menor gana de abandonar lo conquistado gracias a la tradicional indolencia, por decir lo menos, de quienes deben hacer cumplir las leyes. Es comprensible que les importe un bledo que el intendente Óscar Rodríguez (ANR) diga que está tratando de reubicarlos en inmuebles privados, lo que de paso plantea la cuestión de cómo habrá de convencer a

los dueños de que los pongan a la disposición de ellos y corran el serio riesgo de que sean destruidos. Tendría que pagar un alquiler con dinero de su propio bolsillo, dado que es improbable que el Presupuesto municipal incluya los

fondos necesarios para tal emergencia. Algo más serio fue la iniciativa, anunciada en 2019 por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de trasladar temporalmente a un predio de Ferrocarriles del Paraguay SA a 14 de las 91 familias que serían beneficiadas por el proyecto Mejoramiento

Integral del Barrio Chacarita Alta. Es claro que el proyecto, aún inconcluso, no bastará para solucionar los sempiternos problemas causados por el hacinamiento y la ubicación de los inmuebles. Además, los lugares desalojados son vueltos a ocupar de inmediato por otras familias.

También los pobladores de los Bañados Norte y Sur se instalan en las plazas mencionadas, entre otras cosas porque, hace un par de años, el clientelismo de los políticos que fungían como autoridades municipales permitió que

se construyan viviendas en una cota muy baja, siendo por tanto, fácilmente afectadas por las previsibles inundaciones. Dos años atrás, Ricardo González, coordinador ejecutivo de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, que desde hace décadas trabaja en esos sitios, donde viven unas 20.000 familias, sostuvo que la solución final radica en la franja costera y señaló que, como “los bañados son tierra de nadie, allí se ubican quienes vienen del interior del país”. Dijo, además, que hubo “personas que recibieron indemnización para salirse de la Chacarita, pero solo se mudaron a otro sector inundable, haciendo de esto un sistema de vida”, por la falta de control. Este es el gran drama que las autoridades no pueden o –más probablemente– no quieren ver.

Debe atenderse que las fuentes de trabajo de los afectados suelen estar cerca de sus moradas, razón por la cual no les conviene, por ejemplo, mudarse a Itauguá: en 2015, la Secretaría de Emergencia Nacional entregó allí 222 viviendas para dar “una solución definitiva al problema de los damnificados por el río”, según el grandilocuente ministro Joaquín Roa; muchas de ellas están hoy vacías o han sido subalquiladas por los beneficiarios. Desde luego, tampoco las 1.000 viviendas construidas en 2017 en Zeballos Cue, para los pobladores de sus “zonas de riesgo” y de Chacarita Baja, han acabado con el drama de todos los años, que persistirá mientras las autoridades nacionales y municipales no se decidan a enfrentarlo con el rigor necesario. Así como están hoy las cosas, se trata de un vulgar negocio para todos. He aquí el quid de la cuestión: a muchos les viene bien que la historia se reitere porque ello les permite presentarse como generosos, repartiendo chapas, frazadas, colchones o, simplemente, haciendo la vista gorda ante la delictiva ocupación de bienes del dominio público. Estamos próximos a unos comicios municipales, así que los precandidatos ya están afilando las garras para sacarle el jugo

a la inundación y, de paso, al incendio aquel. La paradoja de “cuanto peor, mejor”, les viene como anillo al dedo. Un cuento de nunca acabar, mientras el clientelismo sea un componente esencial de nuestra política y, sobre todo, mientras no se logre borrar del mapa, con los votos, a autoridades y políticos deshonestos.