“No ven” posibles hechos punibles
CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Tanto la fiscala Anticontrabando Nilsa Torales como los fiscales de Medio Ambiente Sergio Irán Villalba, Adolfo Santander y Alcides Giménez Zorrilla hacen “vista gorda” sobre la posible constatación de hechos punibles durante un megaoperativo anticontrabando.
El 5 de febrero de 2020, la Unidad Interinstitucional de Prevención, Represión y Combate al Contrabando (UIC), con apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), incautó 20.000 cajas de cigarrillos, un importante lote de productos electrónicos, 103 cajas de agroquímicos, entre otras mercaderías varias, al igual que una flota de 14 camiones y 18 embarcaciones. El procedimiento fue efectuado en una reserva forestal, a orillas del lago de Itaipú, dentro de la franja de dominio de la hidroeléctrica binacional.
Para el titular de la UIC, Emilio Fúster, se constató en flagrancia la comisión de varios hechos punibles desde delitos ambientales hasta contrabando. A un año del operativo, los fiscales se desentienden de los hechos denunciados. La agente Torales tiene una carpeta abierta con la carátula de contrabando, pero no imputó a los 42 dueños de la carga (nueve directivos de cuatro empresas y 33 particulares).
Por su parte, los tres fiscales del Medio Ambiente ni siquiera abrieron una carpeta para indagar posibles daños ambientales por la intervención ilegal de los contrabandistas en la reserva forestal, donde hasta construyeron enormes campamentos clandestinos.
Mientras que la Aduana dispuso la liberación del 60% de la carga de cigarrillos a sus propietarios en un dudoso sumario en que se les dieron mayor relevancia a las facturas presentadas por los interesados que a las circunstancias en que fue decomisado el cargamento.
Entre los cigarrillos liberados figuran marcas fabricadas por la tabacalera perteneciente al expresidente Horacio Cartes. La entrega de la mayor de parte de la carga se da coincidentemente tras el pacto “Cicatriz” entre Cartes y el presidente Mario Abdo Benítez.
En un caso similar de 2018 la Aduana había declarado como contrabando toda la carga incautada, compuesta por 502 cajas de cigarrillos, 12 cajas de electrónicos, perfumes y mercaderías varias por un valor aproximado a G. 17.387 millones; además, de 34 embarcaciones y 19 vehículos.
El administrador de la Aduana de Saltos del Guairá Basilio Bogado declaró como contrabando el 40% de la carga requisada en febrero de 2020, formada por cigarrillos, electrónicos y mercaderías varias.
La empresa Microtel Multimedia SA, de los accionistas María Angela Gómez, Marcelo Daniel Recalde Gómez y Nancy Angélica Ruiz de Recalde, solicitó una reconsideración al director general de la Aduana Julio Fernández, que interviene como juez de segunda instancia en el sumario, e insiste en la devolución de la carga.