Marito, cómplice y encubridor.

Desde hace al menos 12 días, con toda seguridad, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya conoce con exactitud y está encubriendo parte de la trama de otro de los grandes negociados ocurridos durante su Gobierno: la oscura transa entre Petropar con la empresa argentina Texos Oil. En efecto, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) puso a conocimiento del Presidente de la República, del presidente de Petropar y de organismos fiscalizadores, el turbio acuerdo firmado por autoridades paraguayas con la citada empresa argentina, por un valor superior a 7 millones de dólares. Pese a que el reporte pide una profunda indagación administrativa por las irregularidades detectadas, se llevó adelante el cuestionable acuerdo. El remanido discurso de Marito del “caiga quien caiga” sigue estrellándose y haciéndose añicos ante la dura realidad de su permanente concubinato y tolerancia con la corrupción y con los corruptos.

Desde hace al menos 12 días, con toda seguridad, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya conoce con exactitud y está encubriendo parte de la trama de otro de los grandes negociados ocurridos durante su Gobierno: la oscura transa entre PETROPAR con la empresa argentina Texos Oil, del argentino Sergio Marsiletti. Desde el pasado 1 de febrero, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), a cargo del exfiscal y actual ministro anticorrupción René Fernández, puso a conocimiento del Presidente de la República, de la Procuraduría General de la República, actualmente a cargo de Juan Caballero, y del presidente de Petropar, Denis Lichi, unas demoledoras 26 páginas del informe final sobre el turbio acuerdo firmado por autoridades paraguayas con la citada empresa argentina, por un valor que –equivocadamente– creímos era de casi 7 millones de dólares. Peor aún, desde el 1 de febrero este informe también obra en poder de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, a cargo de María Soledad Machuca. El reporte es tan escandaloso que pide una PROFUNDA INDAGACIÓN ADMINISTRATIVA dentro de la Procuraduría y dentro de Petropar, para establecer la responsabilidad de todos los funcionarios intervinientes en el proceso administrativo y judicial que culminó en la firma del citado acuerdo. A la luz de la perspectiva penal se deslizan serias consideraciones sobre las responsabilidades que tenían Denis Lichi y el anterior procurador Sergio Coscia. Es absolutamente inexplicable el sepulcral silencio de Marito con este caso: mantiene en el cargo de titular de la petrolera a Lichi, a quien debiera estar indagando “profundamente”, y no se conocen de más investigaciones que permitan saber el génesis del mamotreto. Hay solamente dos explicaciones para tanta impunidad: una, que el mismo Marito o su entorno más inmediato estén seriamente comprometidos con este escándalo. O dos, no leyó aún el informe de su ministro Anticorrupción porque últimamente solo lee la Biblia; esta última alternativa quizá sería más chistosa para el país, pero menos devastadora que la primera posibilidad. El informe anticorrupción revela que ni siquiera hay un contrato firmado con los argentinos que otorgue derechos para reclamar a Petropar; que se firmó el acuerdo para indemnizar a Texos Oil sin esperar dictámenes de otras oficinas públicas y sin informar al Ministerio de Hacienda, y que es inexplicable que se haya negociado cuando la petrolera tiene grandes posibilidades de ganar el caso judicialmente. Peor aún, el informe de la Senac dispara que el acuerdo no fue por un monto que ronda los US$ 7 millones, sino por una suma superior a los US$ 8.200.000, ya que iban a liberar a los argentinos de pagar impuestos y otros gravámenes. ¿Cuál es la historia que está encubriendo Marito? En secreto, como los grandes entuertos económicos realizados bajo este Gobierno, el 2 de diciembre del año pasado, se firmó un acuerdo entre el presidente de Petropar, Denis Lichi, el entonces procurador general de la República, Sergio Coscia, y los argentinos de la empresa Texos Oil que han estado siendo defendidos por otro exprocurador, José Enrique García, y el extitular de Conajzar Javier Balbuena, mientras que en el ámbito administrativo se observaron actuaciones del abogado Raúl Prono Toñánez. Según el contrato firmado en el más absoluto sigilo, la petrolera estatal se comprometió a desembolsar alrededor de US$ 7 millones para zanjar una demanda que los argentinos plantearon contra la empresa: el acuerdo dejó por escrito que un ignoto abogado Abel Germán Ávalos iba a cobrar una gran porción de la torta. Ávalos resultó estar directamente ligado a José Enrique García, ya que cuando este fue contralor general lo puso como síndico en el Banco Nacional de Fomento; Ávalos es hasta hoy día funcionario del Estado paraguayo, a cargo de la Justicia Electoral. El acuerdo fue firmado pese a que existían dictámenes jurídicos en contra, sin una sentencia de por medio y, peor aún, con un fallo judicial que ya había favorecido inicialmente a PETROPAR en estrados judiciales en la Argentina. Para agravar la situación, se estableció que iban a desembolsar la monumental cifra de dinero libre de impuestos y tasas, es decir, los argentinos –y paraguayos involucrados– iban a cobrar sin pagar ningún tributo al Estado paraguayo, en medio de la pandemia sanitaria y económica más grave de los últimos tiempos. El golpe les hubiera salido redondo si no se hubieran filtrado a la prensa los tufos malolientes del contrato. Una vez que cobró estado público, el entuerto fue revertido inmediatamente, según comunicó el propio exprocurador Sergio Coscia, socio en un bufete jurídico del ministro Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil. El primero tuvo que confirmar también que el acuerdo se hizo a espaldas del Ministerio de Hacienda, y balbuceó ante la prensa cuando tuvo que explicar si el Presidente de la República y su jefe de Gabinete Civil estaban enterados de lo que habían consumado. Muy pronto las sospechas fueron más lejos, ya que no tardó en conocerse un documento del propio Sergio Coscia dirigido al presidente de Petropar, donde dejó taxativamente escrito que “recibimos la instrucción de buscar el máximo beneficio para el Estado” a través de un “acuerdo económico que ponga fin al conflicto judicial”. ¿Quién o quiénes dieron la “instrucción” al procurador general de la República de tomar una iniciativa autónoma de dimensiones millonarias sin el parecer de otras oficinas públicas? ¿Quién está por encima del procurador? ¿Quién es el único que pudo haberle dado tal “instrucción” para refrendar semejante acuerdo? ¿Puede inferirse que el Presidente de la República es el único que puede dar órdenes a un procurador porque es el único con atribuciones constitucionales para ponerlo o sacarlo del cargo? ¿Tenemos el derecho a sospechar que la orden pudo venir del titular del Ejecutivo, a través de interpósita persona, en este caso el jefe del Gabinete Civil y socio del mismo estudio jurídico que Coscia? Determinar quién dio la orden superior, hoy día, ya solo puede averiguar la Fiscalía General del Estado a cargo de la deteriorada figura de Sandra Quiñónez. A todo esto, Denis Lichi sigue cómodamente sentado en su poltrona de Petropar. Allí donde lo vemos, el hombre no tuvo empachos no solamente en firmar el acuerdo que iba a malversar fondos públicos, pegando oscuros zarpazos al patrimonio, sino además tuvo el descaro de pedirle más dinero a Hacienda para desembolsar los millones de dólares. El hombre no solo pidió más plata sino que, además, en el 2020 no entregó el dinero que Petropar está obligado a pagar al Estado en concepto de aporte intergubernamental: transfirió apenas unos G. 15.000 millones de un total anual habitual de G. 100.000 millones .En momentos en que el país entero está en una debacle económica, que se juntan monedas para entregar limosnas a compatriotas sin trabajo y sin perspectivas de volver a trabajar, sin ruborizarse Lichi actuó como alfombra roja para desembolsar el dinero, y además iba a pagar con fondos de la petrolera estatal los aportes al fisco para que los argentinos –y los paraguayos involucrados– pudieran embolsillar la millonaria suma sin despeinarse. La Senac apunta que no se observó el principio de prudencia administrativa para evitar causar daños al patrimonio, que se suscribió el acuerdo sin realizar las debidas diligencias, que no fueron recabados los suficientes análisis jurídicos, probatorios y financieros, ni solicitaron parecer de otras instituciones estatales ANTES de firmar el misterioso contrato. El reporte señala también que se aceptó que no se paguen impuestos, tasas y tributos sin tener ningún dictamen jurídico, lo que iba a provocar que Petropar sufriera un mayor perjuicio económico en un año en el que estaba con más baja recaudación y aporte fiscal. El escenario para Marito no podría ser peor. Por un lado tiene a sus funcionarios estrellas sospechados de haber cometido serias irregularidades, y, por el otro, a su propio Ministerio Anticorrupción confirmando la ocurrencia de ellas. El Mandatario sabe cada nombre, cada coma, cada número y cada sospecha que están en las 26 páginas y con certeza conoce el significado de las palabras INDAGACIÓN PROFUNDA que pide Anticorrupción. Su remanido discurso del CAIGA QUIEN CAIGA sigue estrellándose y haciéndose añicos ante la dura realidad de su permanente concubinato y tolerancia con la corrupción y con los corruptos. Ya no se trata solo de discursos divinos o el parloteo de palabras tan vacías, sino de su inacción; el Presidente se pasea peligrosamente como encubridor de situaciones que conoce, se le informa perfectamente, y no mueve un dedo para castigarlas o echar a los responsables.