Gasto de US$ 2 millones, sin resultados
ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) destinó en el 2018 más de dos millones de dólares para el dragado y limpieza del cauce del arroyo Potî’y, en el sector comprendido entre el puente Kurupayty y la desembocadura en el arroyo Santa María. El objetivo era aumentar la profundidad a un metro y medio, para mantener la calidad del agua, evitando la proliferación de algas, pero el trabajo no dejó los resultados esperados, según se aprecia en el aspecto actual del recurso hídrico.
Las tareas fueron adjudicadas a la empresa Artes y Estructura SA, representada por Marcelo Landa, y consistieron en la extracción de material arcilloso, luminoso y pétreo del cauce hídrico.
Según nuestras fuentes en la EBY, el trabajo final demandó mucho más de dos millones de dólares, los cuales fueron cubiertos con sucesivos ajustes, y que para adjudicar la tarea fue modificada una propuesta original de intervenir el lugar con maquinaria pesada montada sobre plataformas flotantes y excavar el lecho del arroyo para dar mayor profundidad.
Lo que se hizo fue aspirar el lodo con tubos desde embarcaciones, un trabajo absolutamente insuficiente para lograr la profundidad deseada, de acuerdo a nuestros informantes.
Al menos el 65 por ciento de las aguas del arroyo Potî’y tiene presencia de fósforo, aceites y detergentes, señaló Cecilia Vergara, una de las responsables del área de Medio Ambiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Este organismo realiza el monitoreo de la calidad de agua en los subembalses de la presa hidroeléctica.
El área donde se observa mayor contaminación va desde el puente sobre la calle Kurupayty, que une Encarnación con Cambyretá, hasta su desembocadura en el arroyo Santa María. Ambos conforman el subembalse del arroyo Mboica’ê, que descarga en el río Paraná.
Vergara señaló que la EBY es la encargada de monitorear y vigilar la calidad del agua, pero no es autoridad de aplicación en el control de las descargas de desechos, sino que son las municipalidades las que tienen las herramientas legales para el efecto, a través de sus ordenanzas.