De soberanías y algo más
Un enojoso incidente protagonizado por el intendente del distrito de San Cosme y Damián, Aníbal Maidana (Alianza), con guardias de la empresa de seguridad privada SST, contratista de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) trae al tapete un viejo e irresuelto tema que podría incluso tratarse como una cuestión de soberanía nacional. La EBY actúa en nuestro país como una corporación intocable. Ni la justicia ni el Congreso pueden meter las narices para saber qué hace con los miles de millones de dólares que maneja discrecionalmente cada año, mucho de este dinero disfrazado de “planes sociales”. Este incidente en San Cosme desnuda que la entidad se toma atribuciones que corresponden al Estado paraguayo, determinando los horarios en los que el ciudadano puede o no transitar por los caminos del país. La EBY viola impunemente el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza a todo habitante de la nación a transitar libremente por nuestro territorio. Prácticamente, se erige por encima de nuestra Carta Magna y las leyes. La EBY determina que los ciudadanos que viven en la colonia Atingy, una compañía rural ubicada a unos 15 kilómetros de San Cosme, tienen prohibido salir de su comunidad entre las 12 de la noche y las cinco de la mañana. Si algún vecino tiene una emergencia sanitaria fuera del horario en que la EBY le permite salir de su pueblo tendrá que esperar a morirse en su casa, sin posibilidad de ayuda, pues los guardias de la SST tienen la “orden superior” de no dejar pasar a nadie. Si bien los tratados internacionales le otorgan ciertas atribuciones legales a una entidad binacional como es este caso, no debemos perder de vista que la empresa está asentada en territorio nacional. La EBY vino a asentarse en esta zona, donde ya existían pobladores, ya existía un camino vecinal empleado por habitantes de la colonia, por ganaderos y productores agrícolas, quienes circulaban sin restricciones antes de la llegada de la entidad. La EBY violenta ese derecho consuetudinario estableciendo en forma arbitraria y unilateral condicionamientos de horario. Y si bien alega que es un camino que pasa por el interior de su propiedad, pues entonces debe ofrecer un camino alternativo al que ya existía, y que fue borrado del mapa bajo el lago de presa. Se podrá decir que las medidas restrictivas responden a una cuestión de seguridad, pero este argumento cae por su propio peso, pues la capacidad de reacción de estos puestos de control ante algún ataque es nula. Esto presumiendo que un eventual atacante espere las 12 de la noche para el efecto, por lo que limitar el horario de paso con este argumento es un absurdo. Tanto poder exhibido por la EBY en nuestro país tiene una explicación relativamente sencilla. Para nadie es un secreto que la entidad se maneja como una seccional colorada. Que sus recursos fueron históricamente empleados para financiar candidaturas políticas y financiar un ejército de operadores que les ayuda a mantenerse con las riendas de la administración pública del país. Más de un intendente, gobernador, diputado o senador llegó al cargo gracias al “aventón” que recibió de la EBY, y miles de sus allegados están “colocados” en el ente cobrando salarios de primer mundo por hacer nada. Es lógico que nadie quiera morder la mano que les da de comer. Tal vez la actitud del intendente Maidana no haya sido la “políticamente correcta”, y hasta rayado en la violencia al intentar imponer su condición de autoridad y abrir la barrera por la fuerza. Pero el administrador comunal puede alegar en su descargo que la reacción no fue sino una expresión de la impotencia que viven muchos ciudadanos de este distrito, y en particular los habitantes de la comunidad de Atingy. Este incidente, estimados amigos, debe ser mirado más allá de la anécdota de un intendente ofuscado contra una “orden superior”.