Universidad y subdesarrollo
seguro. Lavatorios necesitamos instalar, pero no todos los días tenemos agua en Cerrito. En años anteriores los niños traían su termito y comprábamos bidones”, contó la directora, quien asevera que a esto se suma que las familias de sus estudiantes son de bajos recursos económicos.
Mendieta afirma que ya no sabe dónde más recurrir para alistar la institución para el 2 de marzo, fecha en que se prevé el inicio de clases en el sistema educativo oficial. “Tenemos cuatro pabellones. Dos están en peligro de derrumbe y los otros dos tienen las tejas rotas, hay termitas que están carcomiendo la madera, nuestros pisos están rotos, las paredes también”, señaló la directora de la escuela 674.
Entre las instituciones públicas responsables de promover y contribuir al desarrollo de un país hay que poner en la vanguardia a las instituciones universitarias. Son responsables de la producción y de la transferencia de conocimientos; son responsables de la formación, capacitación y actualización de las profesiones colaborando con los profesionales; les corresponde la función crítica desde el nivel científico, para orientar a la ciudadanía sobre el valor de lo que se hace comparándolo con lo que se debe y puede hacer en los distintos ámbitos de la vida.
Las universidades son responsables de investigar cómo se puede mejorar lo que se refiere al desarrollo humano y la mejora de las condiciones de vida personal, social, cultural, política, moral y espiritual.
Les llamamos universidades porque se comprometen todas ellas y como sistema universitario a trabajar el universo de los saberes al servicio de toda la sociedad y por eso deben ocuparse del diálogo entre ciencia y vida, ciencia y naturaleza, ciencia y sociedad, fe y ciencia, ciencia y arte, humanidad y ciencia.
El modelo de universidad vigente en la mayoría absoluta de las instituciones universitarias de nuestro país está muy lejos de las responsabilidades citadas, no responden a su debida identidad y consecuentemente su contribución al desarrollo humano y derivadamente a los demás desarrollos es mínima, a pesar de que el número de universidades e institutos superiores reconocidos en Paraguay es extraordinariamente alto en sí y sobre todo en proporción a la cantidad de habitantes de nuestro país. Solamente universidades tenemos 54 para una población total de unos 7.549.000, lo que significa que para cada millón de paraguayos, incluidos los recién nacidos y ancianos, tenemos siete universidades. Comparando nuestro país, por ejemplo, con España la diferencia es llamativa, porque allí hay 82 universidades para una población de unos 47 millones, lo que significa que cada millón de españoles tiene solamente la media de algo más de una universidad, sin llegar a dos universidades. Está claro que el estado de subdesarrollo del Paraguay no se debe a la carencia de instituciones universitarias.
Lo más inquietante es comprobar que tantas instituciones universitarias no están contribuyendo al desarrollo que Paraguay necesita, en la medida en que ellas deben hacerlo; y más preocupante aún es constatar que esto sucede porque las mismas universidades están sumergidas también en el subdesarrollo y algunas de ellas, no pocas, lo acrecientan desde su corrupción.
El lamentable estado de nuestro sistema universitario no sólo tiene causas endógenas, actualmente las causas más gravitantes son exógenas, tienen su fuente en el sistema político, porque brotan sobre todo en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo.
Aunque la Constitución Nacional (arts. 240 y 242) le impone al ministro de Educación y Ciencias, junto con el Presidente de la República, la responsabilidad del gobierno, gestión, dirección y administración de todo el sistema educativo, el hecho es que este Gobierno ha decidido la política de dejar a las universidades a su arbitrio sin marcar pautas ni exigencias por parte del Gobierno. Los gobernantes no quieren roces ni conflictos con el sector universitario por temor a su poder político.
Por la ley 4995/13 de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debe proponer políticas y liderar el quehacer universitario, pero en vez de dinamizar y liderar el sistema de la educación superior con alas de altos vuelos y creatividad ante los inmensos desafíos del imparable desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial, se ha convertido en una instancia administrativa, atrapada en su creciente y estéril burocracia.
En el Poder Legislativo son suficientes los legisladores para quienes las universidades no pasan de ser plataformas y herramientas útiles que en sus manos sirven para consolidar poder y enriquecimiento. Los técnicos afirman que la ley 4995 tiene demasiados defectos y deben cambiarse bastantes de sus artículos fundamentales, pero los legisladores miopes y poderosos comerciantes que se benefician del subdesarrollo universitario tienen sus pies en el freno.
Para que el sistema universitario contribuya al desarrollo hay que regenerar los compromisos y asumir todos las correspondientes responsabilidades. Al decir todos me refiero también a estudiantes y profesores, porque progresivamente se contagia el virus actitudinal de querer títulos y beneficios con el mínimo esfuerzo posible.