EDITORIAL

Los productores agrícolas salvaron al país del desastre. A mediados de 2020 se esperaba que la economía nacional sufriera la peor caída de los últimos 70 años, por lo menos. Sin declararlo abiertamente para no incitar al caos, preocupaba mucho un posible estallido social si se cumplía ese negro pronóstico. Quiebras masivas, centenares de miles de habitantes sin ingresos, corte de las cadenas de pagos y de suministros, alta morosidad financiera, imposibilidad de los gobiernos locales de prestar mínimos servicios y abonar sueldos, hambre, inseguridad, saqueos formaban parte del inquietante panorama. Por fortuna, la recesión fue moderada, con un decrecimiento del Producto Interno Bruto del -1%, según la última estimación del Banco Central. El Gobierno busca jactarse de ello, pero ha tenido poco o nada que ver. La gran heroína, la que sacó las castañas del fuego y amortiguó el potencialmente demoledor impacto económico de la pandemia fue, una vez más, la producción agrícola, y, muy en particular, la nunca bien ponderada, la acusada de todos los males del país: la soja.

A mediados de 2020 se esperaba que la economía nacional sufriera la peor caída de los últimos 70 años, por lo menos. Sin declararlo abiertamente para no incitar al caos, preocupaba mucho un posible estallido social si se cumplía ese negro pronóstico. Quiebras masivas, centenares de miles de habitantes sin ingresos, corte de las cadenas de pagos y de suministros, alta morosidad financiera, imposibilidad de los gobiernos locales de prestar mínimos servicios y abonar sueldos, hambre, inseguridad, saqueos formaban parte del inquietante panorama. Por fortuna, la recesión fue moderada, con un decrecimiento del Producto Interno Bruto del -1%, según la última estimación del Banco Central. El Gobierno busca jactarse de ello, pero ha tenido poco o nada que ver. La gran heroína, la que sacó las castañas del fuego y amortiguó el potencialmente demoledor impacto económico de la pandemia fue, una vez más, la producción agrícola, y, muy en particular, la nunca bien ponderada, la acusada de todos los males del país: la soja.

Con una producción récord de 10,5 millones de toneladas, la soja y sus derivados por sí solos incorporaron el año pasado por exportaciones 4.000 millones de dólares genuinos (cinco veces más que Itaipú y Yacyretá juntas, incluidos royalties, compensaciones, gastos sociales y cualquier otro concepto), lo que contuvo la devaluación y la inflación en un año de alta emisión, proporcionó divisas para las necesarias importaciones, dinamizó la economía rural y los servicios conexos, sostuvo la solvencia de los bancos y cooperativas, estabilizó las cuentas nacionales, atenuó la crisis en el interior, lo que, a su vez, contribuyó con la producción interna de alimentos –factor vital para que no faltara comida durante la larga cuarentena–, y generó cuantiosos recursos para el fisco.

Los problemas de la agricultura en 2019 habían hecho que se cortara un ciclo de más de una década de crecimiento ininterrumpido de la economía paraguaya, con un resultado del 0% y un aumento importante del déficit fiscal y del endeudamiento público. Al inicio de 2020 se rogaba que no se repitiera la mala campaña por los serios perjuicios que ello ocasionaría. Nadie imaginó lo que ocurriría tres meses después, cuando todo se detuvo abruptamente con una cuarentena que todavía hoy sigue afectando a importantes sectores de la actividad económica. Por suerte para el país, pese a períodos prolongados de sequía, hubo lluvias en momentos oportunos y los productores, exponentes de ese “otro Paraguay”, no se desanimaron. Calladamente redoblaron los esfuerzos, continuaron apostando, trabajaron duro mientras casi todo el resto permanecía paralizado, y a la postre salvaron al Paraguay del desastre.

Sin falta aparecerán quienes intenten minimizar o desacreditar el valor de este crucial segmento de nuestra economía, sin tomarse el trabajo de corroborar y actualizar sus datos. Dirán que esos ingresos solo benefician a unos pocos que no pagan impuestos, que condenan al país a la producción primaria sin valor agregado a costa de la degradación ambiental. Nada más alejado de la realidad. Para empezar, hace tiempo que la producción de granos ha dejado de ser un monopolio de grandes establecimientos .El último dato del Ministerio de Agricultura y Ganadería indica que el 23% del área de siembra corresponde a parcelas de menos de 20 hectáreas y ocupa a cerca de 40.000 pequeños agricultores que fueron migrando a la soja como cultivo de renta.

Es falso que los ingresos queden en muy pocas manos, porque la agricultura tiene un amplio factor multiplicador, sobre todo en el interior del país, pero también en las grandes ciudades. Solo por mencionar un ejemplo, para movilizar la soja del año pasado se realizaron alrededor de 500.000 fletes, sin contar la utilización de barcazas. A eso hay que sumarle la actividad generada en los puertos, en las aceiteras, en los pequeños y medianos comercios de los pueblos, en la venta de vehículos y maquinaria, de implementos e insumos, en los servicios financieros y mucho más.

Tampoco es real el argumento del escaso valor agregado, primero porque la agricultura moderna en sí misma ya incorpora un alto componente de conocimiento y tecnología para obtener rendimientos adecuados y rentables. Y segundo porque una considerable porción de la producción se industrializa en el país y se exporta en forma de aceites, harinas y otros derivados. El año pasado la industria aceitera nacional molió 3,3 millones de toneladas, un tercio de la cosecha.

Se acusa a la soja de ser un monocultivo que arrasa con los bosques del país y destruye la fertilidad de la tierra. Pero todo el complejo de siembra de cereales y oleaginosas, soja incluida, ocupa una superficie de 3,6 millones de hectáreas, lo que es menos del 25% de la Región Oriental y menos del 10% del territorio nacional. Y si fuera cierto que las tierras se degradasen, ¿cómo se explica que, después de décadas de producción, sean las parcelas rurales más cotizadas? Al contrario, los productores, por su propio interés, ponen mucho empeño en mantener la calidad de sus tierras, con rotación de cultivos, uso racional de agroquímicos, y con más del 90% de siembra directa, una de las tasas más altas del mundo.

Finalmente, los que dicen que la agricultura no paga impuestos se quedaron con la idea de hace veinte años. El sector fue incluido en todas las sucesivas reformas y hoy tiene una carga tributaria (medida por la tasa efectiva de tributación) del 20,7%, por encima del promedio nacional del 17,2%, sin considerar aporte patronal a la seguridad social, en cuyo caso es del 27,9%, de acuerdo con datos oficiales de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Con las últimas modificaciones se eliminó la devolución del IVA, con lo cual el fisco recibió 150 millones de dólares adicionales, y se unificó el gravamen sobre ganancias con el resto de los sectores económicos, a través del nuevo Impuesto a la Renta Empresarial.

En el año de la pandemia no se pudo evitar la recesión, el déficit trepó al 6,2% del PIB, el triple del tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la deuda se disparó a más de 12.000 millones de dólares, del 22,9% al 33,5% del PIB, va a costar muchísimo recuperarse, se requerirán mucha responsabilidad y mucha disciplina por parte de gobernantes y legisladores para volver a una situación de relativo equilibrio, hay sectores duramente afectados, algunos irreversiblemente. Pero sin duda todo habría sido mucho peor de no haber mediado una salvadora campaña agrícola en el momento en que más se la necesitaba. Los productores no merecen el desprecio de la sociedad, sino su reconocimiento y respeto.