Indignación y escraches de contribuyentes defraudados.

Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), las empresas paraguayas soportan una carga tributaria media del 17,2% sobre utilidades, que se eleva al 25,2% si se consideran los aportes patronales a la seguridad social. Significa que al menos 1 de cada 4 guaraníes de la renta generada por la actividad económica del sector privado formal se destina a financiar este Estado prebendario, corrupto e inoperante; a políticos privilegiados y deshonestos; a avivados amigos del poder; a funcionarios haraganes, maltratadores y coimeros; a jueces y fiscales blanqueadores, venales y cobardes. ¿Cómo pretender que la gente no reaccione y manifieste su indignación en lugares públicos, con razón o sin ella en cada caso particular, aun cometiendo posibles excesos? Lo ideal en un Estado de derecho es que las culpabilidades las determine la Justicia, pero a falta de funcionamiento de las instituciones, si una mayoría tiene que trabajar y sudar para pagar la fiesta de una minoría aprovechadora, la tensión social será cada vez más incontrolable. Los gobernantes, políticos, altos funcionarios que no lo vean así y no den señales de querer cambiar el estado de cosas, que se preparen para escraches cada vez más vehementes y, con suerte, para ser expulsados deshonrosamente del poder.

Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), las empresas paraguayas soportan una carga tributaria media del 17,2% sobre utilidades, que se eleva al 25,2% si se consideran los aportes patronales a la seguridad social. Significa que al menos 1 de cada 4 guaraníes de la renta generada por la actividad económica del sector privado formal se destina a financiar este Estado prebendario, corrupto e inoperante; a políticos privilegiados y deshonestos; a avivados amigos del poder; a funcionarios haraganes, maltratadores y coimeros; a jueces y fiscales blanqueadores, venales y cobardes. ¿Cómo pretender que la gente no reaccione y manifieste su indignación en lugares públicos, con razón o sin ella en cada caso particular, aun cometiendo posibles excesos? Lo ideal en un Estado de derecho es que las culpabilidades las determine la Justicia, pero a falta de funcionamiento de las instituciones, si una mayoría tiene que trabajar y sudar para pagar la fiesta de una minoría aprovechadora, la tensión social será cada vez más incontrolable.

El concepto de “carga tributaria” es distinto del de “presión tributaria”. La presión tributaria es el indicador más comúnmente utilizado y corresponde a la relación porcentual de los ingresos tributarios y aduaneros del fisco frente al Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor estimado de todo lo que produce el país en un año. Teóricamente, este indicador mide el porcentaje del esfuerzo nacional que se contribuye al Estado a través de impuestos. En Paraguay es relativamente bajo en comparación con otros países, entre el 10% y el 13% del PIB dependiendo de qué base se tome. Sin embargo, hay varios problemas que lo distorsionan profundamente.

Pareciera que los paraguayos contribuyen apenas el 10% de sus ingresos al fisco, pero en un país donde existe una enorme evasión, donde dos tercios de la mano de obra urbana se emplea en el sector informal, donde entre el 30% y 40% de la actividad, si no es más, se maneja en negro, la verdad es que ese 10% no recae equitativamente sobre toda la sociedad, sino desproporcionadamente sobre los que cumplen cabalmente con sus impuestos, quienes son los que verdaderamente absorben la presión.

Otra distorsión importante es que, en Paraguay, en el cálculo de la presión tributaria no se incluyen impuestos municipales ni cargas sociales, algo que sí contemplan otros países con los que permanentemente nos comparan. Tampoco se incluyen los ingresos provenientes de las hidroeléctricas, con el dudoso argumento de que las mismas, por alguna razón mágica, no son parte del Paraguay, sino que están en una especie de limbo binacional. Tal limbo no existe. Los paraguayos son dueños condóminos de Itaipú y Yacyretá y, por lo tanto, sus contribuciones al fisco tienen que estar consideradas como las de cualquier otra empresa nacional, pública o privada.

En consecuencia, la verdadera presión tributaria en Paraguay es considerablemente mayor que la que indican las cifras nominales. Mucho más cercana a la realidad es la “carga tributaria”, que se mide por la “tasa efectiva de tributación” a partir de los reportes de los contribuyentes reales en el Sistema Marangatu, consistente en la suma de aportes de las empresas, más las retenciones que les fueron practicadas, menos las retenciones que les practicaron a terceros, menos las devoluciones, todo eso en relación porcentual con las utilidades antes de impuestos.

Aquí se consideran, además de los tributos fiscales y aduaneros, todos los pagos que tienen que hacer las empresas a instituciones públicas para poder operar formalmente, incluyendo impuestos, aranceles y patentes municipales, pagos por permisos, certificaciones y documentación, tasas y tarifas, y cargas sociales sobre el salario de sus empleados. No se consideran otros costos relacionados que suelen ser tan o más onerosos. La deliberada falta de procesos transparentes y expeditivos a menudo empuja a contratar a gestores, a dar “propinas”, cuando no directamente coimas, so pena de quedarse fuera del mercado. Tampoco se considera el costo de verse obligados a pagar por servicios públicos monopólicos de pésima calidad.

Como se mencionó, el promedio nacional de carga tributaria de las empresas formales es del 25,2% de las utilidades si se considera el aporte patronal obligatorio al IPS o a otra caja. Sobre las grandes empresas es del 25,5%, sobre las medianas es del 27,2% y sobre las pequeñas, del 18,5%. Por sectores, la carga más elevada es sobre explotación de minas y canteras, con el 49,8%. La construcción aporta el 34,7%; la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el 27,9%; el comercio al por mayor y menor, el 16,3%; la industria manufacturera, el 19,5%; los alojamientos y servicios de comida, el 23,3%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, el 31,8%; por mencionar algunos ejemplos.

Desde que se reinstauró la democracia se llevaron adelante cuatro reformas tributarias, en 1991, en 2004, en 2012 y en 2019. En todos los casos se extrajo más y más dinero del bolsillo de los contribuyentes con la promesa siempre incumplida de que, paralelamente, se implementaría una reforma del Estado para racionalizar y mejorar la calidad del gasto público, reducir la corrupción, destinar más recursos a la inversión. En vez de eso, el gasto pasó de 2.000 millones de dólares (al cambio de la época) a principios de los noventa, a 12.000 millones de dólares en la actualidad. El número de funcionarios pasó de 130.000 a más de 300.000, sin contar municipalidades y gobernaciones. Los ciudadanos todos los días se encuentran con que gran parte del dinero ganado con su esfuerzo se lo traga un agujero negro de ineficiencia, corrupción, colusión e impunidad.

Esta situación no puede continuar. La tributación es el elemento más tangible del contrato social, por el cual la ciudadanía pone sus recursos en manos de administradores del Estado para el bien común, a cambio de una contraprestación equivalente. Los gobernantes, políticos, altos funcionarios que no lo vean así y no den señales de querer cambiar el estado de cosas, que se preparen para escraches cada vez más vehementes y, con suerte, para ser expulsados deshonrosamente del poder.