Lichi casi regala US$ 7 millones y se apega al cargo
El presidente de Petropar, Denis Lichi, dijo ayer que el caso Texos no es motivo suficiente para renunciar a la presidencia de Petropar, pese a que la Senac lo responsabilizó –al igual que a la Procuraduría– por la firma del dañino acuerdo secreto. Culpó a asesores y se “lavó las manos”.
Un informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) fechado el pasado 1 de febrero dejó en claro que Petróleos Paraguayos (Petropar) tuvo la misma responsabilidad que la Procuraduría General de la República (PGR) en el escándalo de Texos Oil, firma argentina a la que casi obsequiaron US$ 7 millones de los fondos públicos en diciembre de 2020, luego de un acuerdo secreto extrajudicial que ni siquiera se basó en un dictamen que justifique la operación.
Sin embargo, el titular de la petrolera, Denis Lichi, señaló ayer que aquello no es razón suficiente para dejar el cargo. Alabó su gestión y además enfatizó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, “apoya” lo que él hace. A propósito, ni se avizora que el Mandatario haga cambios.
“Yo pienso: Por qué tendría que renunciar, creyendo que estoy haciendo un buen trabajo dentro de la petrolera”, expresó ayer Lichi a ABC luego de una conferencia de prensa que se desarrolló en Villa Elisa, donde Petropar entregó alcohol al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para repartir a las escuelas y colegios.
Se le insistió en que la Senac ya confirmó que su administración tiene la misma responsabilidad que el exprocurador, Sergio Coscia, quien tuvo que renunciar tras el polémico acuerdo, y señaló: “Se está viendo, se está viendo. Para eso están los organismos de control. Yo siempre me pongo a disposición, para mí lo fundamental es que la ciudadanía tenga toda la tranquilidad de que sea transparente toda nuestra gestión”.
Lichi no asumió culpa alguna y responsabilizó del convenio a los abogados que recomendaron la firma del documento, en este caso, la Procuraduría y sus asesores jurídicos. “¿Qué harías si te dicen que en vez de pagar 25 millones solo tengas que pagar 6 millones?”, preguntó, pero se olvidó de que la petrolera tenía una probabilidad del 70% para ganar el juicio a Texos, según dictámenes internos
de la empresa estatal. Tampoco mencionó que ni siquiera esperaron los resultados del juicio en una primera instancia para firmar el acuerdo millonario.
“Yo vuelvo a ratificar lo que ya ocurrió desde el comienzo, cuando el presidente de la República me pidió un informe de lo ocurrido. Yo le presenté todo lo que ocurrió y me
dijo que me ponga a disposición de los organismos de control y es lo que hice. Todo lo que ahora sale en los medios es lo que nosotros proveímos, todo, absolutamente todo”, enfatizó. La cuestión de fondo no analizada
Texos Oil SRL ganó un concurso de Petropar el 10 de diciembre de 2009 (durante el gobierno de Fernando Lugo), tras haber presentado la “mejor” oferta para el suministro de gasoíl, pero después resolvieron anular la adjudicación, pues la convocante alegó que no quería suscribir un contrato de US$ 68.000.000 con una empresa que poseía un capital de solamente 10.000 pesos en la Argentina (Texos). Es esta cuestión precisamente la que ni siquiera se analizó en un dictamen, en el que se debía basar una eventual recomendación técnico-jurídica de llegar a un acuerdo extrajudicial, según se desprende del reporte de Senac.
Al no concretarse la firma del contrato, la empresa demandó al Estado paraguayo en Argentina, donde la causa no prosperó (por excepción de competencia territorial), por lo que el caso se trajo a los
tribunales locales en 2011, y hasta ahora no tiene una sentencia.
Para finiquitar la demanda, Denis Lichi, por Petropar, y Sergio Coscia, por la Procuraduría, firmaron un trato extrajudicial secreto con Texos, en el que se comprometieron a pagar casi US$ 7 millones a esa compañía, libres de impuestos. Por la empresa firmó Sergio Guillermo Marsiletti y se dejó constancia en el convenio que el modesto abogado Abel Germán Ávalos –vinculado al excontralor José Enrique García– debía recibir casi US$ 3 millones de aquel monto.
Tras el escándalo, el convenio fue anulado por el Juzgado, pero la decisión fue apelada por la firma argentina y aún se espera una resolución de la Cámara de Apelaciones. Hoy, el caso está en manos del Ministerio Público.