Inaceptables restricciones a derechos.

El Gobierno se apresta a prolongar la restricción de derechos vigente, en diversos grados, desde el 9 de marzo de 2020, hace casi un año, con la excusa del covid-19, alegando que la enfermedad mantiene la emergencia sanitaria. Sin lograr la adquisición suficiente de vacunas, ni la provisión adecuada de insumos ni el equipamiento requerido por el sistema de salud, es decir, montada sobre su propio fracaso, la administración de Mario Abdo Benítez pretende seguir cargando las cuentas y el esfuerzo en el pueblo, que hizo todo lo que había que hacer para no sufrir la situación que sufrimos. El Gobierno debió equipar con rapidez el sistema de salud, dotarlo con urgencia de todos los insumos que su soporte requiere y, luego, debió normalizar la vida de la República. No lo hizo. Por incompetencia y por corrupción no lo hizo. Y ahora pretende, por enésima vez, encubrir su lamentable gestión prolongando la restricción de derechos.

El Gobierno se apresta a prolongar la restricción de derechos vigente, en diversos grados, desde el 9 de marzo de 2020, hace casi un año, con la excusa del covid-19, alegando que la enfermedad mantiene la emergencia sanitaria. Sin lograr la adquisición suficiente de vacunas, ni la provisión adecuada de insumos ni el equipamiento requerido por el sistema de salud, es decir, montada sobre su propio fracaso, la administración de Mario Abdo Benítez pretende seguir cargando las cuentas y el esfuerzo en el pueblo, que hizo todo lo que había que hacer para no sufrir la situación que sufrimos. Abrir la vacunación con apenas 4.000 dosis es más una afrenta que un paso en el camino correcto. Desnuda la dramática inutilidad del Gobierno. Para ocultar lo anterior, el Poder Ejecutivo esgrime, como siempre, el artículo 68 de la Constitución Nacional que dispone que “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana”. Los derechos de los paraguayos al trabajo, al tránsito, a la reunión, por citar los principales que están siendo afectados desde hace poco menos de un año, no pueden ser restringidos constitucionalmente sino por la vía del “Estado de Excepción” previsto en el artículo 288 de la Constitución Nacional. Sus presupuestos (“conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”) ni remotamente se dan en la emergencia sanitaria. El Gobierno ha deducido ilegítimamente el poder de prolongar indefinidamente facultades extraordinarias, restringir derechos, de un artículo constitucional, el 68, que no se lo otorga, y de una ley, la 836, que no se lo puede otorgar. La emergencia, como lo indica la definición del término, es una reparación inmediata, brevísima, destinada a proporcionar remedios urgentes. Nunca puede ser una situación prolongada o permanente, como pretenden nuestras autoridades. El Gobierno debió equipar con rapidez el sistema de salud, dotarlo con urgencia de todos los insumos que su soporte requiere y, luego, debió normalizar la vida de la República. No lo hizo. Por incompetencia y por corrupción no lo hizo y es trágicamente evidente que es así. Y ahora pretende, por enésima vez, encubrir su lamentable gestión prolongando la restricción de derechos. Olvida que los derechos que la Constitución Nacional enuncia y consagra no dependen de número de camas, ni de cantidad de hospitales ni del humor del Gobierno, sino que son inherentes a la calidad de paraguayos que tenemos los habitantes de este suelo. Son anteriores y superiores al Gobierno y no dependen de él.