Fiscal pide prisión para policías mafiosos
CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El fiscal de turno Luis Trinidad pidió la prisión de los suboficiales Carlos Esteban Aguayo Brítez y Heriberto Ovelar, a quienes imputó por haber llegado al colmo de supuestamente desvalijar a una familia de comerciantes que poco antes fue asaltada por delincuentes que se movilizaban en motocicleta. Los cargos que enfrentan los agentes policiales son extorsión y coacción grave.
Los ahora imputados están bajo sospecha de despojar de G. 3.800.000 a José Armando Díaz Martínez y a su hermano menor, quienes habían solicitado auxilio a la policía tras ser trabajo.
La denunciante iba en una motocicleta con una vecina cuando Argüello las interceptó y, a punta de arma de fuego exigió a la mujer bajar para que entrara a su auto.
La víctima dijo que su pareja la amenazó de muerte para que retire la denuncia y asaltados por dos malvivientes en la tarde del jueves último.
El fiscal Trinidad presentó ayer la imputación contra los policías en el juzgado penal de garantías de Ciudad del Este y solicitó la aplicación de la prisión preventiva para los dos.
Según los antecedentes, alrededor de las 14:00 del jueves, dos delincuentes irrumpieron en el taller de armas ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, donde tras dominar a Díaz Martínez y a su hermano de 17 años, se apoderaron de dos armas de fuego, de dos celulares y G. 1.800.000, para luego fugarse del lugar.
El trabajador cerró el negocio y retomar la relación, y esta, por temor, aceptó la exigencia y al llegar a la comisaría comunicó que fue raptada y amenazada.
Luego Argüello fue detenido por sus colegas. La jueza de Paz Vicenta Fariña Cibils dictó prohibición de acercarse a la víctima. acudió a la subcomisaría 51. Los policías se trasladaron hasta el local atracado y consultaron a los afectados si contaban con autorización de la Dimabel para tener el taller. Al constatar que no se tenía el documento, los agentes extorsionaron a los comerciantes a entregar G. 5 millones para no comunicar a la Fiscalía.
Las víctimas juntaron y entregaron G. 3.800.000 a los policías, quienes se retiraron del sitio sin siquiera hacer acta del asalto, no sin antes avisar que pasaron semanalmente a cobrarles G. 125.000 para no denunciarlos. Los afectados finalmente acudieron a la Dirección de Policía para quejarse.