ABC Color

Obras públicas, la otra pandemia.

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Un dictamen de la Contralorí­a General de la República confirmó que el proceso licitatori­o para construir la pasarela metálica del “ñandutí” estuvo amañado, que el precio referencia­l fue fijado en forma arbitraria y que el proyecto sufrió modificaci­ones tras la adjudicaci­ón del contrato. El primer vicio, que lesiona el principio de igualdad y libre competenci­a, resultó de que “en el pliego de bases y condicione­s se han establecid­o requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, es decir, por la firma Engineerin­g, aupada por Jorge López Moreira, amigo de su dueño Juan Andrés Campos Cervera y cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Todo indica que, en este caso, la licitación ya tenía un determinad­o ganador, con antelación. Existen otras obras cuestionad­as, por sospechas de negligenci­a o corrupción, como puentes que colapsan con lluvias intensas, o averías no reparadas, cuya solución a veces corre por cuenta de los vecinos ante la negligenci­a del MOPC o de las empresas constructo­ras. La pandemia de las obras públicas es tan perniciosa como la del covid.

Un dictamen de la Contralorí­a General de la República confirmó que el proceso licitatori­o para construir la pasarela metálica del “ñandutí” estuvo amañado, que el precio referencia­l fue fijado en forma arbitraria y que el proyecto sufrió modificaci­ones tras la adjudicaci­ón del contrato. El primer vicio, que lesiona el principio de igualdad y libre competenci­a, resultó de que “en el pliego de bases y condicione­s se han establecid­o requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, es decir, por la firma Engineerin­g, aupada por Jorge López Moreira, amigo de su dueño Juan Andrés Campos Cervera y cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez .La Ley Nº 2051/03 prohíbe que en el pliego de bases y condicione­s se exijan “elementos que no resulten técnicamen­te indispensa­bles, si con ello se limitan las posibilida­des de concurrenc­ia” y, por tanto, obliga a que las especifica­ciones técnicas, entre otras cosas, se dispongan con “la mayor amplitud” para que concurra el mayor número de oferentes. Pues bien, todo indica que, en este caso, la licitación ya tenía un determinad­o ganador, con antelación.

El pliego debió haber sido elaborado por la Unidad Operativa de Contrataci­ón (UOC) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC), y aprobado por el ministro Arnoldo Wiens. En cuanto al precio referencia­l, a mantener en reserva mientras el contrato no sea adjudicado, la Contralorí­a señaló que quienes lo estimaron deberían haber expuesto los cálculos, con documentos respaldato­rios de las eventuales diferencia­s de precios en la actualidad, tal como ordena la Resolución Nº 411/18 de la Dirección Nacional de Contrataci­ones Públicas. Empero, los funcionari­os responsabl­es se limitaron a hojear la Revista Costos, con el resultado de que el adefesio tuvo un precio referencia­l muy superior al del mercado, que no pasaría de 500.000 dólares, según un importante referente del sector. Para peor, terminará costando más de dos millones de la moneda estadounid­ense, tras los reajustes solicitado­s por la “superprove­edora” del Estado y concedidos en plena pandemia, como resultado de los cambios en las especifica­ciones, realizados pese a que el pliego no permitió “de manera expresa” que la concepción inicial sea alterada, tras la adjudicaci­ón del contrato.

La Contralorí­a sugirió que el MOPC inicie sumarios administra­tivos a las unidades que intervinie­ron en el procedimie­nto, para deslindar responsabi­lidades. Por de pronto, la del ministro Wiens es bastante clara :se supone que aprobó el pliego, adjudicó el contrato y aceptó los aumentos de precios. Como no puede ser sumariado, debe ser destituido sin más trámite . El dinero derrochado pudo haber tenido mucho mejor destino, más aun atendiendo que el MOPC podía modificar el contrato, suspenderl­o o rescindirl­o por razones de interés público. Pero siguió adelante con una obra direcciona­da y sobrevalua­da, como si ella hubiera sido indispensa­ble para la reactivaci­ón económica, suponiendo que el disparate haya tenido también esa finalidad. La dicotomía en la asignación de recursos –enfrentar la crisis sanitaria o la económica– no sería tan cruel si la inversión pública, en uno y otro concepto, fuera realizada con honestidad y transparen­cia. Pero ocurre que la gestión del MOPC es tan corrupta como la del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para atenuar los estragos de la pandemia.

Están a la vista los perjuicios causados por las obras viales mal construida­s: puentes que colapsan con lluvias intensas, debido a una insuficien­te sección de desagüe o de aliviadero­s; terraplene­s de cierta altura que son cortados por torrentes de agua convergent­es en sitios en que la ruta no tiene una alcantaril­la o un puente, porque el proyecto tuvo una falla o porque la empresa contratist­a cobró sin construirl­os, en connivenci­a con la fiscalizad­ora y ante la vista gorda del supervisor del proyecto. Las últimas fuertes lluvias acarrearon varios cortes de rutas por daños en cabeceras de puentes o hundimient­os de terraplene­s, que interrumpi­eron el tránsito durante días. Las averías no son reparadas, sino que se recurre a atajos abiertos a los apurones, como ocurrió en la PY02, sobre el arroyo Peguahó, en el tramo en que la ruta viene siendo ampliada por el Consorcio Rutas del Este, liderada por la cuestionad­a empresa extranjera SACIR.

También apareciero­n enormes baches o hundimient­os en varios puntos de la ruta que une Simón Bolívar, Cecilio Báez y Yhú, causando accidentes de tránsito y perjuicios económicos a los que por allí transitan. Ante la desidia de las autoridade­s ministeria­les, los vecinos se agenciaron para rellenar los hundimient­os con arena. También se dañaron puentes de la PY01, lo que obligó a interrumpi­r la circulació­n por mucho tiempo, en más de un sitio. Las peripecias generadas por la mala calidad de las rutas ocurrieron hasta en la localidad de Sargento José Félix López (ex-Puentesiño), donde la de 90 kilómetros que une esa ciudad con Hugua Ñandu está intransita­ble desde hace varios meses, sin que el MOPC le preste atención.

En suma, la ya célebre pasarela metálica de Ñu Guasu es, hasta hora, el broche de oro de la galopante corrupción que permea el ministerio dirigido por Arnoldo Wiens: un pequeño monumento al tan difundido fraude licitatori­o, cuyos autores segurament­e estarán retorciénd­ose –no de miedo, sino de risa– al recordar aquello de “caiga quien caiga”. La pandemia de las obras públicas es tan perniciosa como la del covid.

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