Políticos y masones se dividen la Corte como en la Edad Media.
Hace unos días fue elegido el ministro cartista César Diesel como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo anual 2021. En la sesión hubo ministros ausentes y dos de los presentes votaron en blanco. No se recuerda una situación como esta en la conformación de la dirección de la máxima instancia judicial. La presencia de nuevos ministros dentro de la CSJ fue una señal de esperanza en una administración de Justicia honesta, de cambios verdaderos, no solo discursos y programas de asistencia internacional que no generan ninguna mejora. Lastimosamente para el pueblo, la justicia no solo no mejoró, sino que empeora a pasos agigantados. Los vicios de corrupción e ineptitud se afianzan en todos los despachos y secretarías del Poder Judicial. Un ministro aludió al manejo político externo de la Corte y a la existencia de grupos de la masonería paraguaya que tienen acceso en algunas salas, incidiendo en juicios.
Hace unos días fue elegido el ministro cartista César Diesel como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo anual 2021. En la sesión hubo ministros ausentes y dos de los presentes votaron en blanco. No se recuerda una situación como esta en la conformación de la dirección de la máxima instancia judicial. La decisión de quién será el presidente no es irrelevante, ya que es quien se convierte en responsable de la administración de multimillonarios recursos, contratos, licitaciones, etc.
La presencia de nuevos ministros dentro de la CSJ fue una señal de esperanza en una administración de Justicia honesta, de cambios verdaderos, no solo discursos y programas de asistencia internacional que no generan ninguna mejora. Lastimosamente para el pueblo, la justicia no solo no mejoró, sino que empeora a pasos agigantados. Los vicios de corrupción e ineptitud se afianzan en todos los despachos y secretarías del Poder Judicial.
Los rumores del manejo político partidario y faccioso de espacios de poder en el sistema de Justicia están siempre presentes en nuestra sociedad. Los índices de corrupción internacionales ubican al Paraguay en los peores lugares, lo cual se debe en gran medida a la inseguridad jurídica. Esta debilidad del sistema democrático tiene su explicación en el manejo deshonesto que muestran jueces, fiscales, secretarios, en todos los espacios donde debe recurrir el ciudadano buscando justicia. La ley no es igual para todos, los tribunales y fiscales no la aplican equitativamente a los justiciables. Todo depende de cuánto puede pagar para ganar su caso.
El ministro Manuel Ramírez Candia hizo pública una nota dirigida al anterior presidente de la CSJ, Alberto Martínez Simón, en donde comunicaba que no asistiría a la sesión en la que se elegiría al nuevo titular, debido al manejo político externo que primó para lograr los cinco votos que llevaron a Diesel a la presidencia. Esto no se quedó ahí, puesto que, al ser consultado por medios de comunicación, amplió sus expresiones agregando que, además de los factores políticos, existen grupos de la masonería paraguaya que tienen acceso en algunas salas de la Corte Suprema, incidiendo en juicios.
Las expresiones públicas del ministro Ramírez no generaron repercusión por su contenido, ya que son la ratificación de lo que sufren los ciudadanos que tienen la desgracia de recurrir a cualquier juzgado. Lo grave de esta confesión, a lo que se suma la elección del presidente de la Corte con ausencias en la sesión, es que muestra la existencia de una crisis en la máxima instancia judicial. Cuando en un cuerpo colegiado los integrantes se enfrentan, no puede esperarse que alcancen los objetivos superiores que la Constitución consagra en aras del bien común.
Los ministros de la CSJ no hacen honor a su juramento de respetar y hacer respetar la ley. Se limitan a llegar al cargo para luego acomodarse, en el mejor de los casos, disfrutando de jugosos salarios y beneficios. En otros, como ya se vio en muchos casos, para enriquecerse aprovechándose de su posición en el tráfico de influencias.
La penosa situación a la que someten al pueblo es similar al sistema de poder de la Edad Media, en la que regía el feudalismo, según el cual, los monarcas entregaban tierras y poder a señores feudales, quienes a su vez cobraban impuestos abusivos a los pobladores, sometiéndolos a todo tipo de humillaciones.
Hoy, en pleno siglo XXI, el Poder Judicial está administrado desde la Corte Suprema hasta el último juzgado de Paz, por señores feudales disfrazados de magistrados. Sus monarcas son actores políticos inescrupulosos que les facilitan llegar a la Corte. Los impuestos que cobraban a los súbditos en el medioevo son hoy las coimas que deben abonar los compatriotas que tienen que pasar por el martirio de algún trámite judicial.
Los ministros de la CSJ que no están de acuerdo con esta perversa maraña corrupta están obligados por la Constitución Nacional a no callar lo que sucede. Deben llevar adelante acciones concretas para combatir las prácticas corruptas y la influencia externa de cualquier origen. Si no lo hacen, son cómplices.