Inacción del Gobierno tras un mes de reguladas
Hace más de un mes que usuarios del transporte público del Área Metropolitana son víctimas del incumplimiento de la frecuencia de colectivos, que violan su obligación contractual con el Estado y el derecho básico de las personas de tener el servicio garantizado. El Gobierno Nacional guarda silencio ante la crisis y hace una semana está sin viceministro de Transporte.
A finales de febrero, cuando ya se comenzaron a percibir las reguladas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) había anunciado un paro total del servicio para el 8 y 9 de marzo, argumentando que con el aumento del combustible y la caída de la demanda debido a la pandemia no podían seguir operando en condiciones competitivas. Exigió un aumento del precio del pasaje o del subsidio otorgado en compensación del mismo. La medida fue levantada debido a que coincidía con las protestas ciudadanas.
Desde entonces, el servicio no se presta de manera regular y con el fin de “reforzarlo”, el Gobierno dispuso de vehículos de la Policía Caminera y de las Fuerzas Armadas para “garantizar” que la gente llegue a destino, pero eso solo duró un par de días. Además, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley que habilita a buses escolares y similares a operar como transporte público, aunque no sirvió, pues esos vehículos no tuvieron incentivos y finalmente no salieron a las calles.
En medio de este ambiente, se sumó el encarecimiento del combustible (que ya se dio en marzo para los usuarios en general, pero congelaron tarifa por ese mes para transportistas) y la renuncia del viceministro de Transporte, Pedro Britos. Hoy se cumple una semana de su salida y hasta ahora no se informó quién lo reemplazará.
Abdo también firmó un decreto para crear el Consejo Asesor de la Tarifa del Transporte Público al verse acorralado por las críticas acerca de que las negociaciones con los empresarios del sector se realizan a puertas cerradas. La comisión está integrada por instituciones públicas y los representantes de gremios transportistas, pero sigue la falta de transparencia pues los encuentros son a puertas cerradas y ni siquiera dieron cabida a la academia, sector que cuestionó que históricamente no se le tenga
en cuenta al momento de tomar decisiones.
Cecilia Llamosas, investigadora en política energética y movilidad sostenible del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), afirmó que hace tiempo se registran inconvenientes
para acceder a información vinculada al servicio de transporte público de pasajeros. Esta situación se podría subsanar ahora con la implementación del billetaje electrónico, que brinda datos certeros vinculados a cantidad de usuarios y kilometraje recorrido, y la existencia del Consejo Asesor de la Tarifa, instancia que podría ser canal de comunicación entre el Gobierno y los estudiosos. Toda vez que esas reuniones sean realmente abiertas.
Medidas “parche” fracasaron
El plan de poner en circulación buses escolares y similares para reforzar el servicio de traslado masivo de personas fracasó. Rolando Martínez, vocero del sector, había explicado que los itinerarios son largos y el precio del pasaje es de solo G. 2.300, con un tope máximo de 10 pasajeros. Así, ni el costo del combustible se cubre, explicó. Añadió que se propuso acortar los tramos o que reciban subsidio, pero hasta el momento no hubo respuesta del Estado.
Mientras tanto, en las principales arterias del Área Metropolitana se pudo observar que personas ofrecen el servicio de manera clandestina, cobrando G. 3.500 por el servicio. Los usuarios, ante la falta de alternativas, terminan tomando estos servicios.