EDITORIAL

Continúa el doloroso vía crucis de los secuestrados y sus familias. Las atormentadas hijas del exvicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado hace siete meses, entregaron al Ministerio Público los objetos que hallaron enterrados en el sitio donde su padre estuvo cautivo con el peón Adelio Mendoza, durante los cinco primeros días del secuestro. Junto con un informe de sus actuaciones particulares, también suministraron fotografías y filmaciones del campamento abandonado por la banda que responde a la sigla EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), ubicado a solo 2.000 metros del lugar del crimen. Es plausible que los familiares del exvicepresidente y sus empleados traten de encontrarlo. Esa tarea también sirve, por cierto, para que la ciudadanía no olvide que tres compatriotas están sufriendo un largo cautiverio por obra y gracia de unos delincuentes que no vacilan en usar como escudos a menores de edad. La pandemia no debe hacer olvidar que el país enfrenta otros numerosos problemas que deben ser atendidos.

Las atormentadas hijas del exvicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado hace siete meses, entregaron al Ministerio Público los objetos que hallaron enterrados en el sitio donde su padre estuvo cautivo con el peón Adelio Mendoza, durante los cinco primeros días del secuestro. Junto con un informe de sus actuaciones particulares, también suministraron fotografías y filmaciones del campamento abandonado por la banda que responde a la sigla EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), ubicado a solo 2.000 metros del lugar del crimen. La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hoy integrada en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), llegó allí recién el 1 de marzo, es decir, tardó seis meses en descubrir que las víctimas y sus captores estuvieron en la cercanía, en una zona que no es selvática ni montañosa. Creyó innecesario recoger “evidencias”, dado que ya serían inútiles por el largo tiempo transcurrido. Es plausible que, de todos modos, los familiares deseen colaborar con quienes, desde hace largos años, vienen destacándose por su incapacidad para liberar a los raptados por el grupo criminal y poner en manos de la Justicia a los criminales.

La señora Beatriz Denis informó que los familiares y empleados de su padre siempre lo están buscando; solo cabe alentarlos a que lo sigan haciendo sin desmayos, pues resulta evidente que no se puede confiar en la eficiencia de la fuerza militar-policial. No han servido de mucho, hasta ahora, los 70 millones de dólares invertidos en equipos y remuneraciones adicionales, la acción social para ganarse el apoyo de la población o la amable asesoría colombiana. Es cierto que a veces se anota algún éxito, como en noviembre del año pasado, cuando fueron abatidos tres forajidos, lo que demostró, según el presidente Mario Abdo Benítez, “la capacidad lenta, pero capacidad en fin, que se está construyendo”. En verdad, la construcción resulta lenta en extremo y no solo para los seres queridos de los aún secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, sino también para quienes son extorsionados con discreción o pierden sus bienes en el relativamente pequeño teatro de operaciones del EPP. Ni qué decir para quienes quieran realizar inversiones en la zona.

En la misma ocasión, el Presidente de la República habló de cambiar la “metodología de lucha” a través de un “debate dialéctico” sobre qué tipo de sociedad construir. Sin negar la importancia de tal debate, que podría prolongarse sine die, parece más urgente mejorar en gran medida el desempeño de la FTC, para derrotar cuanto antes a los maleantes agavillados. Es comprensible que la familia Denis quiera “negociar”, pero también resulta obvio que el Estado no debe capitular asegurándoles la impunidad, sino hacer que sus agentes empleen con eficacia la fuerza legítima y se ganen el respeto de la gente convencida de que el asesinato, el secuestro y el robo no son las vías adecuadas para forjar un país mejor.

Vale la pena volver a recordar la carta abierta que las señoras Beatriz, Silvana y Lorena Denis dirigieron en febrero a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pues resume muy bien la penosa situación que el país soporta desde hace largos años: “El Estado paraguayo ha fallado y sigue fallando en su obligación de evitar que sigan ocurriendo secuestros e inclusión de menores de edad en filas del EPP, quienes además de sembrar el terror en la zona, realizan extorsiones, amenazas de violencia, enlutan familias y mantienen en zozobra a toda la sociedad desde sus inicios en el año 2002...”. Nada más cierto: el fracaso es atribuible al propio Estado, pues los Gobiernos que se han sucedido desde entonces han sido impotentes para impedir los atropellos de unos pocos forajidos. El actual –tan corrupto e inepto como los anteriores– tiene el deber de poner fin al suplicio que siguen sufriendo Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, junto con sus seres queridos.

En suma, es plausible que los familiares del exvicepresidente y sus empleados traten de encontrarlo, siempre que no arriesguen sus vidas ni entorpezcan algún operativo de la FTC. Esa tarea subsidiaria también sirve, por cierto, para que la ciudadanía no olvide que tres compatriotas están sufriendo un largo cautiverio por obra y gracia de unos delincuentes que no vacilan en usar como escudos a menores de edad. No hay que perder la paciencia, pero tampoco habituarse a que un foco delictivo, acaso ligado al narcotráfico, genere tanto dolor e inseguridad. La pandemia no debe hacer olvidar que el país enfrenta otros numerosos problemas que deben ser atendidos.