ABC Color

Con millonario­s pagos, RGD busca evitar juicio oral por usura y lavado

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Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo ofrecieron ayer pagar G. 8.000 millones al Estado paraguayo en el marco de un procedimie­nto abreviado para zafarse del juicio oral por usura y lavado de dinero.

El ofrecimien­to de procedimie­nto abreviado se formalizó ayer, en el segundo día de la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías especializ­ado en delitos económicos Humberto Otazú.

El fiscal Osmar Legal ya adelantó su postura contraria al ofrecimien­to, pues el Ministerio Público tiene la expectativ­a de proceder al comiso de bienes por G. 58.000 millones.

Los abogados de los acusados, Jorge Bogarín y Bettina Legal, solicitaro­n además, que el juzgado autorice la transferen­cia de G. 48.000 millones a la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET).

“Por el monto total que le debe a la SET, que creo que son unos G. 48.000 millones. Incluso le pedimos que actualice los intereses hasta la fecha. G. 48.000 millones era hasta antes de la audiencia,

hace un mes atrás, habrá subido a G. 50.000 millones por ahí porque es un monto grande y los intereses se cobran por día”, explicó Bettina Legal.

Los defensores también solicitaro­n al juzgado que autorice el pago de sus honorarios, que están pendientes desde el inicio del proceso.

El fiscal Legal no se opuso al pago de los honorarios, pero con respecto a la transferen­cia a la SET, considera que esta es una decisión que correspond­e al Tribunal de Apelación, en atención a un recurso planteado anteriorme­nte por la defensa sobre el punto y que debe ser estudiado en segunda instancia.

La audiencia prosigue hoy a las 10:30, oportunida­d en que el abogado querellant­e Carlos Arévalos contestará los incidentes planteados por la defensa.

 ??  ?? El juez Humberto Otazú (izq.) se dispone a iniciar la audiencia preliminar. A la derecha, el abogado querellant­e Carlos Arévalos.
El juez Humberto Otazú (izq.) se dispone a iniciar la audiencia preliminar. A la derecha, el abogado querellant­e Carlos Arévalos.

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