Reguladas son “cicatrizadas” en Diputados y no recibirán castigo
LA CÁMARA DE DIPUTADOS MODIFICÓ EL PROYECTO DE LEY
Diputados cartistas y abdistas ayer dieron una mano a los transportistas al modificar el proyecto de ley que busca cancelar las licencias y subsidios a los empresarios que hacen reguladas. Excluyeron el hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos. El texto vuelve al Senado.
Con 37 votos a favor, de cartistas y abdistas, contra 32 votos de liberales, patriaqueridistas, encuentristas, de Hagamos e Independientes, la Cámara de Diputados modificó el proyecto de ley que es devuelto al Senado, que definirá si acepta las modificaciones o se ratifica en su versión inicial.
Los colorados aprobaron las modificaciones realizadas en la comisión de Asuntos Económicos, presidida por el diputado investigado por la justicia, Justo Zacarías Irún (ANR, HC).
El texto totalmente modificado establece calificaciones de infracciones leves, graves y gravísimas. Para el caso de las faltas leves se aplicará una multa de entre 1 y 5 salarios mínimos legales. Mientras que para las faltas graves, las multas serán de entre 6 y 10 salarios mínimos y las faltas gravísimas la multa será de entre 11 y 20 salarios mínimos o cancelación de la concesión o permiso y prohibición de prestar cualquier tipo de servicio público de transporte de pasajeros por el plazo de 10 años.
Exclusión
Los colorados eliminaron el artículo en el que se planteaba que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas de transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionadas a la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado.
El diputado Édgar Acosta (PLRA) dijo que las modificaciones podían ser planteadas en la reglamentación de la ley.
“Prácticamente no hay sanciones, y las modificaciones son una forma de ayudar a los transportistas. El proyecto busca proteger al usuario no al transportista”, indicó.
El diputado Antonio Buzarquis (PLRA) cuestionó que los transportistas violen la Constitución dejando a miles de paraguayos sin el servicio de transporte público, promoviendo la aglomeración e incumpliendo las leyes sanitarias en tiempos del covid-19.