Mientras ciudadania sufre aprueban "autobandidaje"
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La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, salió al paso de las declaraciones del diputado cartista Ulises Quintana sobre la existencia de un terrorismo fiscal-judicial en el Paraguay, y dijo que el parlamentario de la Cámara Baja está procesado por todas las evidencias que prueban su participación en la banda lideraba por el presunto traficante de drogas Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.
La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, aseguró que desde el inicio del “Operativo Berilo” la Fiscalía trabajó de manera coordinada con la Secretaría Nacional Antidrogas para desbaratar el grupo delictivo dedicado al narcotráfico, que supuestamente lideraba el hoy acusado Cucho Cabaña.
En ese sentido, desmintió que el proceso en contra del actual diputado colorado por Alto Paraná y candidato a la Intendencia de Ciudad del Este Ulises Quintana sea una persecución política, como afirma el parlamentario.
“Desde un comienzo el Ministerio Público realizó un trabajo coordinado con la Senad, recolectando pruebas que nos indicaban de que existía una situación por la cual el diputado Quintana fue imputado y acusado”, puntualizó Quiñónez.
La fiscala general agregó que “las evidencias hablan por sí solas”, sobre la acusación en contra del diputado colorado por hechos de asociación criminal, contemplada en el artículo 42 de la ley antidrogas; y lavado de dinero, establecido en el artículo 196 del Código Penal.
Parado desde el 2019
A más de un año y seis meses de haberse presentado la acusación y el pedido de juicio oral, la jueza Alicia Pedrozo no puede sustanciar la audiencia preliminar del diputado Ulises Quintana, el presunto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, y otros acusados en la causa conocida como “Berilo”.
Esto se debe a una acción de inconstitucionalidad que planteó el Ministerio Público contra del fallo del tribunal de apelación integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander, que en diciembre de 2019 revocó la resolución del Juzgado que había concedido el plazo extraordinario de cinco días al fiscal Ysaac Ferreira para presentar las pruebas que sustentan la acusación contra los procesados por el caso.
La fiscala Lorena Ledesma, quien actualmente lleva el caso Berilo, presentó varios urgimientos para que la Sala Constitucional se pronuncie. “O se ratifica el fallo del tribunal de apelación o avanzamos en la preliminar y luego el juicio oral, si es que se resuelve eso”, resaltó.
Hasta tanto la Corte no resuelva el planteamiento del Ministerio Público, el Juzgado no puede sustanciar la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si el caso va a juicio oral.
Planteó juicio público
El abogado Óscar Latorre, defensor del diputado Ulises Quintana, aseguró que la acusación de la Fiscalía “es tan indignante” que planteó a la Corte Suprema hacer un juicio público para que sea la propia población la que evalúe si realmente hay mérito en la hipótesis de la fiscalía.