ABC Color

Rechazan limosna y RGD va a juicio por lavado y usura

Ramón González Daher afrontará juicio oral y público por usura y lavado de dinero y su hijo Fernando González Karjallo solo por lavado. Así resolvió ayer el juez penal de garantías Humberto Otazú.

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En el tercer día de la audiencia preliminar, el magistrado especializ­ado en delitos económicos, manifestó su decisión de rechazar los planteamie­ntos formulados por la defensa en su totalidad.

Ramón González Daher y su hijo Fernando González Daher solicitaro­n ser beneficiad­os con un procedimie­nto abreviado, mediante el cual ofrecieron el pago de G. 8.000 millones al Estado paraguayo, en concepto de reparación social.

Asimismo, los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal solicitaro­n al juzgado que autorice la transferen­cia de G. 48.000 millones a la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET) y otra a la defensa, destinada al pago de sus honorarios.

El fiscal Osmar Legal se opuso al procedimie­nto abreviado y se ratificó en su acusación y pedido de juicio.

En oportunida­d de presentar su acusación, Legal pidió además el comiso especial de bienes a ambos acusados por G. 58.493.632.102.

Esta cifra es la que el expresiden­te de la Asociación Paraguaya de Fútbol y su hijo ingresaron al sistema financiero entre los años 2010 y 2019 haciendo suponer, tanto a las entidades públicas como privadas, que era producto de lo percibido por el cobro de alquileres y compra y venta de inmuebles, cuando que en realidad la consiguier­on a través de la usura, siempre de acuerdo con la acusación.

Por otro lado, si bien el representa­nte del Ministerio Público no se opuso al pago a los abogados, con relación a la transferen­cia a la SET afirmó que es una decisión que está a cargo del Tribunal de Apelación, a raíz de una apelación presentada por la defensa anteriorme­nte.

El juez Otazú rechazó el procedimie­nto abreviado, así como también descartó autorizar transferen­cia en concepto alguno pues a su criterio, esta cuestión se debe dirimir en el ámbito civil.

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El juez Humberto Otazú y el abogado querellant­e Carlos Arévalos, en la audiencia realizada ayer.

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