Polémica por aplicación de la ley en caso de abuso de niño
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo lugar a un recurso de casación que promovieron la fiscala Gladys González y la querella adhesiva; y ratificó por decisión directa, el fallo de un Tribunal de Sentencia que condenó a 4 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en niños.
El proceso se inició en 2014 con la denuncia que presentó la madre de un niño, quien presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de su padre. Alegó que al momento del baño, el padre habría manoseado al menor.
El 2 de junio de 2020 el tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Rocholl, Julio César López y Carolina Bernal condenó por el hecho al hombre a 4 años de pena privativa de libertad.
La defensa apeló el fallo y el 29 de octubre del año 2020 el tribunal integrado por las camaristas María Lourdes Cardozo, Sonia Deleón Franco de Nicora y María Eugenia Giménez dictó la prescripción de la causa, ya que en diciembre de 2019 superó el doble de la pena máxima establecida para el hecho (3 años).
La fiscalía junto a la querella adhesiva recurrieron a la Corte Suprema con un recurso extraordinario de casación, que fue admitido por la Sala Penal.
Los miembros de dicha sala Luis María Benítez Riera (preopinante), Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia afirmaron que la madre de la víctima tuvo conocimiento del hecho en diciembre de 2013 y que la ley establece una pena máxima de hasta 6 años de cárcel en los casos de abuso sexual en niños, por lo que aplicando el doble de ese plazo, la prescripción de la causa se dará recién en el mes de diciembre de 2025.
Es decir, los ministros de la máxima instancia judicial aplicaron la modificación del artículo 135 de la Ley 1160/97, que está vigente desde diciembre de 2017, por la cual se elevó la pena para los abusadores de menores de edad, de 4 a 15 años de cárcel. La ley anterior establecía solo hasta 3 años de prisión la pena máxima en los casos de abuso sexual en niños.
Por su parte, el condenado denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo y la Cámara Alta.