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El presidente Mario Abdo Benítez vetó parcialmente la ley sancionada de “Procedimientos Administrativos”, norma que apunta a simplificar los trámites de la ciudadanía ante los organismos del Estado.
El Decreto N° 5191 con fecha 29 de abril pasado, veta parcialmente la ley N° 6715 de “Procedimientos administrativos”. La norma fue sancionada por el Congreso el 23 de marzo pasado. Con la objeción parcial, el documento vuelve al Legislativo que tendrá que ratificarse o aceptar el veto.
El Ejecutivo refiere que la Ley pretende establecer el régimen jurídico de los actos administrativos y regular el procedimiento administrativo en todos los organismos y entidades del Estado.
Indica que la ley sancionada establece en el artículo 6, inciso b, en relación a los reglamentos externos, solo pueden ser dictados por la autoridad administrativa con expresa autorización legislativa para materia y condiciones limitadas.
Refiere que “dicha disposición colisiona con la facultad privativa del Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes, consagrada en el artículo 238, numeral 3 de la Constitución Nacional”.
Señala que el segundo párrafo del artículo 34 del proyecto de ley sancionado, busca aplicar obligatoriamente, a todo procedimiento administrativo, el capítulo IV referido al régimen recursivo.
“Con la redacción del referido artículo, específicamente lo dispuesto en el segundo párrafo, en algunos estamentos públicos se estaría dando un retroceso, dilantando la finalización del litigio en sede administrativa, y por ende, impidiendo que el interesado recurra con celeridad y economía procesal”, señala la argumentación del Ejecutivo para vetar parcialmente la normativa.
En el considerando, se agrega que como ejemplo, en el caso de los procesos de determinación de impuestos y aplicación de sanciones, desde el 2004, “se dejó sin efecto el Recurso de Apelación en sede administrativa (Ley N° 2421/2004) y con ellos se posibilitó que los contribuyentes recurran sin más trámites a la instancia judicial”.
En el análisis del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, el legislador Derlis Maidana (ANR, cartista), dijo que la iniciativa busca la unificación de criterios en el Estado y dar respuestas a los ciudadanos con base en las atribuciones de cada entidad.