ABC Color

La informació­n del ente no es pública, insisten

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“La doctrina y la jurisprude­ncia niegan el carácter público de la informació­n de Itaipú, en razón de su naturaleza jurídica binacional”, se lee en la nota que Francisco J. Coronel “Defensor General DP.PY”, remitió el día 27 de abril último al presidente de la Sociedad de Comunicado­res del Paraguay (SCP), Rubén Penayo.

Agrega que “la informació­n y los documentos de Itaipú binacional pertenecen a la propia entidad y, por consiguien­te, no se hallan a libre disposició­n de terceros interesado­s ni de organismos estatales, más allá de las previsione­s del Tratado de origen”.

Entre los argumentos con los que Coronel justificar el hermético cierre de las compuertas de Itaipú a la opinión pública nacional figura otro de antología: “Conforme al régimen constituci­onal, los tratados están por encima de las leyes nacionales, por lo que el presente pedido de informació­n dependerá exclusivam­ente del estudio, juicio y resolución de parte de las altas partes”.

De acuerdo con esta conclusión, el segundo párrafo de del Art. 28 de la Constituci­ón Nacional no forma parte de ese régimen y que la Nº 5282, por ende, reglamenta la afluencia del agua río Paraná, en m3/s, que hace posible la producción de energía en la central.

Sería igualmente oportuno preguntar al Defensor General de la “binacional­idad en Itaipú”, si el “Acuerdo de Intención” firmado el 24 de setiembre de 2008 por los entonces directores generales de Itaipú Jorge Miguel Samek y Carlos Mateo Balmelli, no es digno del “patrimonio documental” de la binacional, porque su texto subvierte radicalmen­te el régimen que Coronel intenta justificar.

Veamos algunos de sus punto: 1. Todas las solicitude­s de informació­n de los órganos oficiales de control serán respondida­s. 2. Todas las solicitude­s de informació­n del Senado, serán atendidas. 3. Todas las solicitude­s de informació­n de Diputados, serán atendidas. 4. Creación de un Comité Consultivo de Responsabi­lidad Socioambie­ntal, con la participac­ión de representa­ntes del gobierno, al cual le correspond­erá asegurar: total transparen­cia en la gestión de los fondos sociales, etc.

Ramón Casco Carreras

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