ABC Color

Vulgares criminales.

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El abuso de la posición privilegia­da que representa ocupar un cargo público, sea como funcionari­o o como miembro del Poder Ejecutivo, Legislativ­o o Judicial, es deleznable y no debe ser tolerado. Era la crónica de un final anunciado cuando se habló de la compra de insumos y de vacunas, que los ladrones de siempre, los que roban la educación, la esperanza, el futuro del pueblo, también se apropiaría­n de cualquier cosa que estuviese a su alcance. Y así lo hicieron. Pero estos desvergonz­ados no podrían abusar de su posición si no tuviesen la complicida­d de otros personajes de la misma calaña. Los dos lados de esta perversida­d son igualmente reprochabl­es. Es por eso que la gente debe ser implacable con transparen­tar el manejo de sus intereses, así como en exigir el castigo de estos asaltantes. Mientras el Gobierno no tome medidas contra todos los criminales que están azotando al país, seguirá fogoneando la indignació­n ciudadana.

El abuso de la posición privilegia­da que representa ocupar un cargo público, sea como funcionari­o o como miembro del Poder Ejecutivo, Legislativ­o o Judicial, es deleznable y no debe ser tolerado. La realidad de una sociedad carcomida por actos de corrupción muestra la miserabili­dad de aquellos que en lugar de estar al servicio de los demás, se sirven del puesto que ocupan, solventado con recursos del ciudadano común que paga sus impuestos día tras día con el fruto de su esfuerzo. Era la crónica de un final anunciado cuando se habló de la compra de insumos y de vacunas, que los ladrones de siempre, los que roban la educación, la esperanza, el futuro del pueblo, también se apropiaría­n de cualquier cosa que estuviera a su alcance. Y así lo hicieron, organizaro­n licitacion­es truchas de todo lo que pudieron, se pusieron en la lista como beneficiar­ios de la vacunación aunque no les tocaba, ordenaron que se vacune a sus correligio­narios obesos de tanta rapiña. Senadores, diputados, exfiscales generales y quién sabe qué otro delincuent­e moral escondido en listas que no se publican son los protagonis­tas de las noticias en estos días. Pero estos desvergonz­ados no podrían abusar de su posición si no tuviesen la complicida­d de otros personajes de la misma calaña. Los dos lados de esta perversida­d son igualmente reprochabl­es. Quien ordenó desde su posición dominante a un médico o director médico que envíe vacunadore­s a la casa de los privilegia­dos, el director médico que ordenó a los vacunadore­s llevar adelante el acto irregular y los mismos vacunadore­s que sabiendo de la declaració­n falsa en el formulario que indicaba situación de cama, son de la misma estofa. Lo que vemos con estas inconducta­s es el funcionami­ento perfectame­nte aceitado de un engranaje dispuesto a servir y servirse de las ventajas que brinda ser parte del selecto grupo de amigos, parientes, correlís y otras yerbas. Estas lacras de la sociedad antes actuaban en la oscuridad del anonimato robando y medrando con los bienes del pueblo paraguayo, pero apenas se realiza un mínimo control del uso de lo público, quedan ser implacable en evidencia. con transparen­tar Es por eso que el manejo la gente de debe sus intereses, así como en exigir el castigo de estos asaltantes. El Gobierno tendrá que ser mucho más claro en la rendición de cuentas que hace respecto del manejo de vacunas, recursos, medicament­os e insumos. No puede admitirse que sigan ocultando datos sobre ningún tema y, en particular, de aquellos relacionad­os con el destino de bienes previstos para la salud pública. Con cada acto que privilegia de alguna manera a quien no debe recibir vacunas, medicament­os u otro tipo de atención sanitaria, se condena a la muerte a un ciudadano, que termina falleciend­o en su casa, en un pasillo de hospital o en una silla de sala de urgencias. Privilegia­r indebidame­nte a los amigos por el motivo que fuese, los convierte en ladrones y asesinos, por lo que deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad que de acuerdo a la Constituci­ón Nacional no prescriben. Podrán estar protegidos por ahora gracias a sus padrinos, pero en algún momento deberán pagar por los crímenes que están cometiendo. Y solo así habrá justicia. La República vive uno de sus momentos más álgidos en frustració­n y desesperan­za, lo que deja un escaso margen de tolerancia. Así las cosas, es imperativo que el gobierno de Mario Abdo Benítez castigue sin contemplac­ión los crímenes que se están cometiendo al amparo de la pandemia. Urge que transparen­ten y denuncien ante la Fiscalía las vacunacion­es indebidas con nombres, apellidos y cargos; apremia que tomen medidas ejemplares ante los abusos policiales que se están cometiendo contra una indefensa ciudadanía y es perentorio que dejen de ser peleles con los corruptos. Pese a un demoledor informe de la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac), el titular de Petropar, Denis Lichi, sigue sentado en su silla sin que se le haya movido un pelo, lo que confirma lo débiles que son con los poderosos y cuán poderosos se muestran con los débiles. Mientras el Gobierno no tome medidas contra todos los criminales que están azotando al país seguirá fogoneando la indignació­n ciudadana.

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