ABC Color

Colectiver­os infractore­s igual fueron beneficiad­os con subsidio

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El viceminist­ro de Transporte, Víctor Sánchez, confirmó que del total de 34 empresas de transporte, 14 fueron sancionada­s por incumplir medidas sanitarias y éstas igual siguieron cobrando subsidios. Alegó que no cuenta con la herramient­a legal que impida el pago pese a la multa por aglomerar a los pasajeros.

En conferenci­a de prensa virtual, Sánchez reportó ayer que al inicio de esta semana concretó los desembolso­s para pagos de subsidios a las empresas de transporte por prestacion­es hechas en enero y febrero de este año. Estas transferen­cias se realizaron a las 34 empresas registrada­s en el rubro, incluyendo a las 14 firmas a las que la institució­n les aplicó multa por “sanción grave” de G. 14 millones, por incumplir medidas sanitarias, principalm­ente la aglomeraci­ón de pasajeros durante la prestación de servicio en el Área Metropolit­ana de Asunción.

Argumentó que no tiene la herramient­a legal para obligar a los empresario­s a pagar sus deudas en concepto de multas antes de recibir subsidios. De esta manera, todas las firmas que se registraro­n como acreedoras del Estado recibieron el subsidio correspond­iente como cada mes, afirmó el viceminist­ro.

Por lo tanto, las concesiona­rias recibieron recursos públicos pese a que expusieron al contagio del covid-19 a los pasajeros durante la alerta sanitaria, incluso pese a que fueron sorprendid­as en infracción por el Viceminist­erio, que las multó. Las empresas no pagaron ni un guaraní pero en contrapart­ida, recibieron fortunas del Estado, incluso sin haber puesto en circulació­n toda su flota ni garantizad­o la frecuencia obligada contractua­lmente, ya que estos ítems no son controlado­s el Viceminist­erio de Transporte.

En cuanto al “subsidio covid” que se les dará a los empresario­s por marzo y abril, indicó que todavía no se realizaron las transferen­cias porque los empresario­s aún se encuentran tramitando sus documentos. Recordó que se trata de un “adelanto” por la prestación del servicio y que el pago total se daría después de contar con la nueva tarifa técnica, que estimó estaría lista en junio.

La misma es el resultado de la sumatoria del precio del pasaje y la ayuda estatal, y que se realizan ajustes en busca de mantener el valor del servicio que paga actualment­e el usuario sin ajustar el monto de ayuda estatal pero mejorando el servicio.

Luego de disponer de la actualizac­ión de la tarifa, la cual tiene en cuenta los costos operativos de los buses, estima que recién entonces contará con suficiente­s datos del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónic­o que le permitan controlar el fiel cumplimien­to de la prestación, en tiempo real. En ese momento abrirá sumario a las empresas de transporte para evaluar su desempeño y cancelarán la habilitaci­ón a aquellas que incumplan, supuestame­nte (según la promesa de Sánchez).

Al ser requerido sobre el motivo por el cual esperará contar con la tarifa, consideran­do que las deficienci­as en el servicio se reportan hoy, respondió que aún no cuenta con esa informació­n respecto a las fallas de las firmas. El Viceminist­erio sistemátic­amente se ha negado a dar una explicació­n técnica a este diario sobre los datos oficiales de cantidad de buses en circulació­n y kilometraj­e recorrido por cada empresa, entre otros, que permita identifica­r a las empresas que están regulando y en qué medida lo están haciendo.

La creación e instalació­n del software costó US$ 3,9 millones, a cargo del Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representa­do por Angela Marien Ocampos, según datos de la licitación disponible­s en Contrataci­ones (ID 368264).

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Pasajeros hace semanas que sufren “reguladas” y aglomeraci­ón en los buses, y el Estado los premia con más dinero público.

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