Se aplazan 3 intendentes que van por rekutú
Concejales municipales de Quiindy, Acahay y Carapeguá, cuyos intendentes aspiran ser reelectos, rechazaron la ejecución presupuestaria y el balance de 2020 de estos distritos y dijeron que remitirán los antecedentes a Contraloría.
CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El intendente de Acahay Alcides Sosa (ANR, Añetete) está imputado por supuestos hechos de asociación criminal, lesión de confianza y producción mediata de documentos de contenido falso. Aspira a ser reelecto. La Junta Municipal de Acahay por quinto año consecutivo le rechazó a Sosa la ejecución presupuestaria y el balance del año 2020 por falta de documento respaldatorios, que justifiquen gastos por más de G. 4.500 millones del presupuesto municipal.
Con los documentos que consiguieron en la Contraloría constataron que el total de los bienes asciende a la suma de G. 862.751.150, mientras que en el Balance General está expresado en G. 4.644.563.495. Es decir, hay una diferencia de G. 3.781.812.345, entre otras supuestas irregularidades.
Quiindy
La intendenta de Quiindy
Alba Acevedo (ANR, Añetete) también busca el rekutu en el cargo y la Junta Municipal de esa ciudad rechazó su rendición de cuenta porque evitó remitir el proyecto de ordenanza 2020 al cuerpo legislativo e informó que se regiría solo por el de 2019. Sin embargo, envió el informe de ingreso y egreso, pero no documentos respaldatorios para justificar en qué invirtieron más de G. 8.500 millones.
Carapeguá
El intendente de Carapeguá Luciano Cañete (ANR, Añetete) busca el rekutu y está imputado por supuesta lesión de confianza por obras inconclusas y tiene pendiente otros dos casos. Uno es el requerimiento de pago de dieta y gasto de representación al concejal Angel Enrique González (ANR), tramitado ante el Ministerio Público local. También la concejala Margarita Miró Ibars (PLRA) promovió amparo constitucional, por el mismo caso.
La Junta Municipal rechazó por mayoría su ejecución presupuestaria por no acompañar las documentaciones que justifiquen el manejo del presupuesto municipal de G. 10.700 millones. El intendente tampoco acompañó los documentos, pese a reiterados pedidos realizados por el órgano legislativo. Se sugirió remitir los antecedentes del caso al entre contralor.