Cárceles que construye MOPC tienen un sobrecosto de US$ 5,7 millones
El MOPC está construyendo nuevas penitenciarías para Emboscada y Minga Guazú, las cuales fueron adjudicadas en 2019 a tres empresas. Las obras registran retrasos y ya se encarecieron US$ 5,7 millones, porque “agregaron obras no previstas”.
En junio del 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la construcción de tres nuevas penitenciarías, dos para Emboscada y una para Minga Guazú, las que fueron otorgadas a tres diferentes empresas por G. 192.423 millones. Sin embargo, este precio de la obra ya se infló a G. 229.907 millones; es decir registra un encarecimiento de G. 37.483 millones (US$ 5,7 millones al cambio actual).
El lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y el monto del contrato original era por G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (encarecimiento del 20%) y registra retrasos en su ejecución, porque los trabajos debieron finalizar abril de este año (avanzó 72,5%).
Asimismo, el lote 2 (para otro pabellón de Emboscada) está a cargo del Consorcio Cordillera (representado por Emilio Díaz de Vivar), integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA. Esta parte se le dio a este grupo por G. 62.299 millones, pero se le terminará desembolsando G. 74.263 millones (también con sobreprecio del 20%). Este lote también debió finalizar en abril, pero los trabajos registran un avance apenas 75%.
Por último, el lote 3, para la cárcel de Minga Guazú, se otorgó al Consorcio AGB Tocsa SA, (representada por Sara María Blanco de Dose), por G. 67.799 millones, pero terminarán pagándole G. 81.218 millones. En teoría, este lote debe concluir en julio, pero recién registra un avance del 78,98%. ¿Por qué se encarecieron las obras?
Se le consultó sobre estos millonarios aumentos al arquitecto Alberto Lovera, director de Obras del MOPC, quien señaló que las variaciones de costos con respecto a lo contratado, “responden a la inclusión de rubros no contemplados inicialmente, pero que son de suma necesidad para la correcta terminación y factibilidad de uso de las instalaciones”.
Respecto a las obras que se agregaron, manifestó que tienen relación con la adecuación del proyecto a las normativas legales de accesibilidad a las personas con discapacidad, dispuestas en la Ley N° 4934, que afectaron a todos los rubros de la obra (obras civiles, estructura, instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otros).
También manifestó que se agregó a cada lote la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales y su sistema de cañerías, además de tanques de agua superior e inferior y pozo profundo para la provisión del líquido vital. Además, indicó que en el lote 3 se modificó el tipo de fundación, por las condiciones del suelo en lugar de implantación, por lo que adoptaron fundaciones profundas de tipo pilotes y de plateas de cimentación, conforme a los estudios geotécnicos específicos.
¿Por qué estas obras básicas no se previeron en un proyecto tan importante para albergar a casi 4.000 reos? Fue la consulta que este diario insistió a Lovera y señaló que según le informaron los planos y planillas para el llamado fueron proveídos por el Ministerio de Justicia, y que los rubros mencionados estaban previstos en otro llamado paralelo que debía realizar dicha institución. “En virtud a que las obras ya contaban con contrato firmado en el MOPC y al Ministerio de Justicia se les estaba complicando la generación inmediata de dicho llamado, se decidió en conjunto que los rubros en cuestión se incluirían en una adenda al contrato ya firmado, de manera que acompañasen a la ejecución del resto de los rubros desde sus inicios”, resaltó el funcionario.
Al mismo tiempo, Lovera explicó que “el diseño no puede sufrir ninguna modificación sin la anuencia y autorización del Ministerio de Justicia” y que el MOPC es el ente ejecutor de la obra, pero “los que marcan las pautas y entienden a profundidad del diseño penitenciario enmarcados en todas las normas vigentes en esa materia y basados en sus experiencias en el manejo interno de las penitenciarias actuales, son los profesionales técnicos del Ministerio de Justicia”.