Ni un solo caso sobre las DD.JJ.

El 24 de junio de 2020 se produjo un hito histórico para el derecho de acceso a la información pública en Paraguay. Poco después de las 08:00, la Contraloría General habilitaba el portal para comenzar a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DD.JJ.) de las más altas autoridades de la República entre 1998 y 2017.

Hasta la semana pasada la Contraloría publicó un total de 762.494 manifestaciones de bienes; poco más de la mitad de los documentos que debería dar a conocer. Aunque inicialmente ese organismo contó con el apoyo de una empresa para la digitalización de las declaraciones juradas, ello sucedió apenas para las primeras 150.000 presentaciones de datos, motivo por el cual son los funcionarios los encargados de continuar con el proceso.

A un año de la liberación de los documentos, el Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, no abrió siquiera una investigación a pesar de las numerosas publicaciones sobre los millonarios crecimientos patrimoniales de funcionarios públicos.

Por ejemplo, hasta ahora no se investigó el caso de Luis Paciello Lacasa, concejal municipal de Lambaré, quien compró inmuebles millonarios mientras declaraba ganar apenas sueldo mínimo.

El 29 de junio del año pasado Sandra Quiñónez convocó a una mesa de trabajo, de la cual participaron el contralor general Camilo Benítez y el subsecretario de Tributación, Óscar Orué. Dijeron que el encuentro fue para trazar línea de trabajo en cuanto a declaraciones juradas que se alzaron en la página web. Hasta el momento nada se hizo.