Juez convoca de nuevo a intendente de Arroyito
Para el 7 de julio fue convocada la audiencia preliminar al intendente de Arroyito (Concepción), Samuel González Valdez (ANR), acusado junto con otras seis personas de supuesta lesión de confianza con dinero del Fonacide. Según la Fiscalía, el perjuicio patrimonial supera los G. 709 millones.
El juez especializado en delitos económicos José Agustín Delmás fijó para el miércoles 7 de julio, desde las 8:30, la audiencia preliminar de la causa que investiga una presunta lesión de confianza con el dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en la Municipalidad de Arroyito, departamento de Concepción.
Los acusados son: el intendente Samuel González Valdez (ANR), los funcionarios municipales Estela González de Sánchez, Martín Dávalos Carmona, Claudio González y los contratistas Silvano Ortiz, Alen Elpidio Cardozo y Lino Ozuna Fernández.
Esta es la segunda convocatoria del Juzgado de Garantías para sustanciar la diligencia. La primera fecha fijada fue el 10 de junio pasado, pero se suspendió debido a una excepción de incompetencia territorial que planteó González Valdez. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó que la causa debe ser tramitada en Asunción por el Juzgado Especializado en Delitos Económicos.
Según la hipótesis del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, el intendente ejecutó cuatro obras de construcción con fondos del Fonacide y otras cuatro más con fondos de royalties.
Estas obras fueron verificadas por parte de la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la orden del Ministerio Público, y se constató que del total de obras fiscalizadas, cinco de ellas fueron abonadas conforme a lo contratado por la comuna de Arroyito, a las actas de recepciones definitivas y a las órdenes de pago.
Sin embargo, las construcciones no fueron ejecutadas, según las verificaciones in situ y las diligencias que llevó a cabo el agente del Ministerio Público. Debido a esta situación, Legal comprobó que hubo connivencia entre los acusados, quienes con su actuar en conjunto ocasionaron un perjuicio patrimonial por la suma de G. 709.600.000.