ABC Color

Respaldo a los candidatos “significat­ivamente corruptos”

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A poco de cumplir su periodo en prisión preventiva, acusado por presuntame­nte de parte de una organizaci­ón criminal vinculada al narcotráfi­co y por lavado de dinero, el diputado Ulises Quintana buscó refugio en Cartes, quien sin miramiento­s no solo lo respaldó, sino que lo promovió como candidato a intendente de la ANR de Ciudad del Este.

Quintana, a quien se oye en audios de escuchas autorizada­s por la Justicia, negociando la liberación de dinero del presunto narcotrafi­cante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, logró imponerse en las internas coloradas de la mano de HC.

Ni siquiera la declaració­n y veto del Departamen­to de Estado de EE.UU., que calificó a Quintana como “significat­ivamente corrupto”. fueron impediment­o para que en enero pasado, se produjera el “abrazo republican­o” entre el líder de HC y el legislador procesado.

Originalme­nte Ulises Quintana era referente del movimiento Colorado Añetete en el departamen­to de Alto Paraná, pero luego de que Abdo le soltara la mano a raíz del proceso en su contra, se terminó anexando a Honor Colorado.

También desfiló por la casa de HC en estos últimos días el exdiputado y actual senador suplente Bernardo “Lalo” Villalba y su hijo homónimo, pero conocido como “Berni”. Este último se candidata a la intendenci­a de Concepción.

En este caso destaca el nombre de “Lalo” Villalba, ya que aparece en un informe especial de una comisión del Congreso, que vinculó al exparlamen­tario con Carlos Antonio “Capilo” Caballero, uno de los líderes del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), extraditad­o al Brasil por crímenes vinculados al narcotráfi­co.

En el expediente consta cómo “Lalo” Villalba, entonces abogado, solicitaba aportes monetarios al narcotrafi­cante para financiar actividade­s políticas o para lograr suspender audiencias relacionad­as a su caso.

Ya en su periodo como diputado, Villalba fue uno de los promotores de aumentar el tope de los “aportes anónimos” que podrían recibir los candidatos y partidos, en el marco de la Ley de Financiami­ento Político.

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