Costoso e inútil florero
En su sesión de viernes 27 de agosto pasado, la Junta Departamental de Itapúa renunció a la que acaso es la única función relevante que tiene: ser un órgano que controla, verifica, investiga, cómo los funcionarios públicos administran el dinero del pueblo. Puntualmente en el ámbito que les toca intervenir, que es el gobierno departamental.
Aprobó a tambor batiente un millonario contrato, por casi 5.000 millones de guaraníes, para la construcción de una planta de oxígeno en el Hospital Regional de Encarnación, pese a las advertencias de un posible escandaloso sobredimensionamiento en precios de equipos y mano de obra.
La cuestión tiene que ver con un contrato de construcción por un monto de 4.750 millones de guaraníes que la gobernación de Itapúa ya adjudicó a la empresa JR Ingeniería, para la construcción, adquisición y puesta en funcionamiento de una planta generadora de oxígeno para el Hospital Regional de Encarnación.
Tanto el proceso licitatorio como los montos referenciales están incorrectos, según el planteo realizado en dicha sesión por los concejales Mirta González y Carlos Pereira (de la bancada del PLRA), quienes fundamentaron un posible sobrecosto en números comparativos, y expusieron las observaciones realizadas por la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre el proceso de licitación, convocado bajo el régimen de la excepción.
Estos argumentos no sirvieron siquiera para levantar el ceño de la duda a los concejales oficialista, con la excepción de Silvio Piris (ANR Añetete), y pedir se investigue con mayor detenimiento el asunto. Al fin y al cabo, se supone que están para controlar la correcta administración de los intereses ciudadanos.
Algunos oficialistas justificaron su posición con el absurdo de que no les consta lo que afirmaban sus colegas, y con el voto a favor –el más que suspicaz voto a favor de la concejal liberal Julia Rossi– impusieron su mayoría, evidenciando que la impronta en la administración de la cosa pública, por encima del criterio de justicia y la verdad objetiva de las cosas, se impone la “verdad formal”, traducida en los comportamientos corporativos, “lealtades” (complicidades) políticas.
Desde condenar o “salvar” a un corrupto en el Congreso, hasta disponer a gusto y placer de los recursos públicos, queda sujeto a “criterios políticos”, como diría un inefable senador colorado. Basta con contar con los votos necesarios. No importa si son forzados, comprados o alquilados. Total, no existe ni siquiera sanción moral.
Con la renuncia a su función primordial de controlar el uso del dinero público la Junta Departamental demuestra una vez más que apenas es una instancia burocrática inerme, de poca y nada utilidad, pero que le cuesta mucho dinero al pueblo. No tiene siquiera utilidad como florero, porque un florero por lo menos tiene una función estética.