Viejas prácticas reveladas
Con la divulgación de audios grabados a autoridades municipales y empresarios se reabrió la caja de Pandora de la Municipalidad de Ciudad del Este. Viejas prácticas de transadas para desviar recursos públicos pocas veces reveladas.
Las grabaciones evidenciaron varios esquemas de corrupción. Son viejas prácticas siempre comentadas en conversaciones informales en los municipios; y expuestas por las autoridades en duelo con sus rivales políticos.
Los audios confirmaron la existencia de una red de “peajes” en el Gobierno municipal. Las propinas son exigidas para aprobación de contratos con proveedores y de suba de pasaje; además, de licitaciones amañadas para beneficiar a empresas amigas.
Desde hace décadas una fuerte versión se instala en los distritos. Supuestamente los contratistas deben pagar a los mandatarios municipales una coima de 20% del monto de las licitaciones.
En una de las grabaciones se escucha a varios concejales esteños quejarse contra un colega porque se habría quedado con el 10% de la coima. La propina presuntamente fue entregada por cuatro empresas ganadoras de una licitación para obras de empedrado.
Los colorados Neri Chávez y Juan Ángel Núñez al igual que María Portillo apuntaron el dedo acusador al liberal Teodoro Mercado.
En otro audio se escucha al contratista Eugenio Vázquez García. El empresario divulgó detalles del esquema de cobro de coima. Dijo que antes del inicio de la construcción de la costanera entregó una propina de G. 650 millones. La coima habría sido entregada a Pedro Acuña, aspirante a la concejalía y cuñado del intendentable Miguel Prieto.
La concejala Portillo igualmente fue grabada cuando admitía que se encontraba en la Junta Municipal solo para beneficiar con licitaciones a las empresas de sus amigos.
A juzgar por las revelaciones de los audios, las autoridades municipales están desinteresadas de cuidar los recursos públicos. Solo pretenden sacar provecho particular y favorecer a sus allegados. A causa del esquema corrupto, las obras municipales son precarias y ejecutadas con materiales de mala calidad y sin una fiscalización con rigor técnico. Los perjudicados son los contribuyentes; su dinero fue usado para beneficio propio de las autoridades.
Con la intervención de la Municipalidad en 2019 se había destapado un imperio de corrupción montado por el clan Zacarías. Dos años después, las viejas prácticas siguen, pero con otros actores políticos.