Conajzar ignoró a Mario Abdo
La Conajzar redujo el valor del canon a las concesionarias de manera unilateral y mediante una resolución, a pesar de que un dictamen de la Procuraduría estipuló que se requiere un decreto para decidir eso. Solicitó un decreto y como no lo consiguió, redactó un simple documento interno. Es la segunda vez que actuó así.
El jefe de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Coscia, firmó el dictamen N° 191/20 en el cual concluyó que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortiz Báez, no puede reducir de manera unilateral el canon a sus concesionarias sin previo decreto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El documento data del 31 de marzo de 2020 y es parte del legajo entregado al Senado tras la interpelación a Ortiz, representante de Hacienda ante Conajzar.
Pese a la advertencia de la PGR (ver facsímil), la Conajzar firmó en la misma fecha la Resolución N° 5/2020 con la que estableció un régimen excepcional y transitorio para el monto del canon y dispuso medidas administrativas extraordinarias, alegando que se basaron en las leyes N° 1016/1997 de Juegos de Azar y 6524/2020 de Emergencia.
En la citada resolución, los integrantes de Conajzar (José Ortiz, Carmen Alonso, Raúl Silva, Rubén Roussillón y Ricardo Núñez) reconocen que se recurrió a “la asesoría jurídica de la Administración Pública en la forma que determina la ley, según la Constitución Nacional” y del dictamen de PGR descartaron la exigencia del decreto y tomaron la parte que hablaba de que “la posición de los miembros de la comisión se ajusta a la realidad del mercado de los juegos de azar y las peticiones de los concesionarios”. Contradictoriamente, admitieron, que la ley de emergencia establece medidas administrativas, fiscales y financieras y que las mismas no se vinculan a la regulación de los juegos de azar de manera puntual.
Sin embargo, los miembros de la comisión alegaron que de las potestades que le confiere el Poder Ejecutivo para la aplicación de medidas administrativas y financieras “se entiende que la siguiente acción se encuentra ajustada a la legalidad y razonabilidad” (sic) y estipuló la reducción del canon. La decisión representó una caída de ingresos para el fisco, y de manera directa para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), financiada con recursos de Conajzar, institución clave para la asistencia sanitaria y sobre todo, durante la pandemia.
Ortiz, Alonso, Silva y Roussillón y Núñez, al firmar la Resolución N° 5, desautorizaron a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ignorando incluso a la PGR.
Caída de ingresos
En 2011, la recaudación de Conajzar fue de G. 72.749 millones y aumentó de manera paulatina, reportando G. 129.372 millones al cierre de 2019. Sin embargo, en 2020 el ingreso fue de G. 89.751 millones, el 69% con relación al año anterior, según un reporte de Hacienda.
Misma treta para “regularizar” explotación ilegal
El mismo mecanismo citado se usó en la cuestionada “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por Ley N° 1016/97.
La Conajzar solicitó en febrero de 2020 un decreto al Ejecutivo para “legalizar” la explotación de las máquinas en bares, bodegas y otros comercios de libre acceso de los menores de edad. La respuesta, en julio de 2020, fue que “el pedido notoriamente es que se otorguen facultades” y desde el Ejecutivo se le pidió que la solicitud la realice mediante Hacienda, de la cual depende según el art. 5° de la citada ley.
Sin embargo, la Conajzar firmó la Resolución N° 34/2020 para dicha “regularización”, alegando autonomía funcional. Se basó en un “dictamen anterior” de la Abogacía del Tesoro, aunque no se aclaró a cuál documento se refería. En el legajo entregado al Senado, lo único que se encuentra es el dictamen N° 303 del 7 de abril de 2020, sobre la reducción del canon, que responsabilizaba a los miembros de Conajzar de sus acciones y decía que no requieren decreto, aclarando que no se analizó la cuestión de fondo.