Diputados posterga proyecto de “muerte civil” a electores
En sesión de Diputados ayer se postergó el estudio del proyecto de ley que pretende la “muerte civil” de los que no votan. Hubo argumentos a favor del rechazo y la aceptación con modificaciones. pero se optó por dilatar.
A propuesta del diputado Carlos Silva (PLRA) y con 29 votos a favor, se postergó el tratamiento del proyecto de ley, que plantea aplicar una multa de G. 44.000 a los electores.
El parlamentario de Ñeembucú argumentó el pedido de postergación teniendo en cuenta que el tema genera intenso debate, y atendiendo a que no hay apuro para aprobar una iniciativa como esta, teniendo en cuenta que ya no se aplicará a las elecciones municipales del 10 de octubre próximo.
El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista), en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, leyó el dictamen en contra de las sanciones a los electorales, porque consideró que es más conveniente hacer más campañas de concienciación del derecho al voto antes de buscar castigos al ciudadano.
Según la iniciativa, si un elector no paga la multa de G. 44.000 se verá imposibilitado de gestionar varios documentos públicos, tales como cédula de identidad, pasaporte y otros.
El diputado Sebastián Villarejo (Partido Patria Querida) manifestó estar a favor del proyecto de ley de la “muerte civil” y rechazó que justamente le den dicho nombre.
Amparado en las discusiones de los convencionales, dijo que en la Asamblea Nacional Constituyente se dejó en claro que el voto es un derecho y una obligación, y que las multas y sanciones ya están establecidas pero no se aplican, por lo que están en contra, deben modificar la Carta Magna.
Villarejo agregó que “el que no vota, nos está cagando a quienes votamos”, haciendo relación a que la escasa participación ciudadana en las elecciones favorece a los partidos tradicionales con estructura.
También aclaró que presentaron propuestas de modificaciones a la propuesta del Senado, sobre todo aumentando los motivos que eximen de votar.
Por ejemplo, la intención es excluir a los que se encuentra fuera del país por trabajo o estudio, o los que viven a más de 25 km de un local de votación, u obligar al servicio de transporte público a operar normalmente en día de elecciones.
El diputado Justo Zacarías Irún (ANR, cartista), indicó por su parte que la Comisión de Asuntos Económicos también hubo dictámenes en ambos sentidos.