Recursos para adultos mayores y jubilados
La Ley Nº 6809/21 que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia por covid-19, asigna US$ 157,2 millones para financiar la pensión alimentaria para adultos mayores y el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal.
La nueva legislación promulgada el martes último por la Presidencia de la República, dispone que de los recursos obtenidos mediante las operaciones autorizadas se destinarán hasta la suma de US$ 79,1 millones para el pago de las jubilaciones y pensiones en el sector público.
A agosto último, el déficit acumulado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal alcanzó los G. 776.216 millones (US$ 112,8 millones), de acuerdo con el informe que dio a conocer Hacienda el miércoles último.
El saldo rojo representa -33%, diferencia entre las jubilaciones abonadas a los más de 67.000 beneficiarios y el aporte del 16% que realizan los funcionarios activos de las diversas instituciones públicas de la administración central.
El informe señala que el gasto de enero a agosto fue de G. 2,37 billones (US$ 345 millones) y el aporte de los activos G. 1,59 billones (US$ 232,2 millones), diferencia que se cubre con fondos de los sectores superavitarios y con recursos del Tesoro.
El viceministro de Economía Iván Haas, refirió ayer que la única salida es trabajar sobre la reforma de la Caja Fiscal, atendiendo a que cada año aumenta el nivel del subsidio que otorga el Tesoro para cumplir con los beneficios.
Haas indicó que están analizando la conveniencia de llevar adelante una reforma de emergencia o avanzar directamente en una reforma total, para ello están dialogando con los diversos sectores de jubilados.
La reforma de emergencia planteada por Hacienda prevé que los jubilados que se hayan retirado antes de los 62 años, sigan aportando el 16% como lo hacen los funcionarios activos.