Aduanas, cueva de nuevos ricos.
Quién no desearía que su país se caracterizara porque sus habitantes elevan su nivel de vida. La función pública en el Paraguay ha generado un montón de nuevos ricos, solo que estos privilegiados distan mucho de tener los ingresos que justifican tan privilegiada posición económica. Y entre las instituciones que han arrojado más beneficiados con la bonanza económica figuran en primer lugar las aduanas. El escándalo de los jefes de división aduaneros Roberto Luis Pereira y Miguel Ángel Medina, entre otros, cuyos respectivos traslados y designaciones como administradores habrían sido requeridos por el senador Martín Arévalo (ANR), surgió como un hecho punible de tráfico de influencias, insólitamente denunciado por el jefe de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández. Hay mucho que indagar en este fétido asunto.
Quién no desearía que su país se caracterizara porque sus habitantes elevan su nivel de vida. La función pública en el Paraguay ha generado un montón de nuevos ricos, solo que estos privilegiados distan mucho de tener los ingresos que justifican tan privilegiada posición económica. Y entre las instituciones que han arrojado más beneficiados con la bonanza económica figuran en primer lugar las aduanas. Quien más quien menos conoce a algún vecino o amigo aduanero que, de la noche a la mañana, se ha convertido en un potentado. Por supuesto, este buen vivir dista mucho de ser financiado solo con el salario de cualquier aduanero, y hace sospechar que meten la mano en la lata del Estado.
Quien ejerce la función pública para enriquecerse ilícitamente no suele ser discreto. Claro que en sus declaraciones juradas omite mencionar bienes y rentas que no podría haber adquirido con sus ingresos regulares, pero le cuesta mucho resistir la tentación de gozar de ellos sin ningún disimulo. Puede ocultarlos recurriendo a testaferros, pero no así dejar de imitar el estilo de vida de los mafiosos o de los nuevos ricos en que se han convertido. Al fin y al cabo, ¿para cuándo es la vida? Hasta hace poco, al menos, un pequeño burócrata sabía que era improbable que alguna vez caiga bajo la lupa de la Contraloría General de la República o del Ministerio Público, luego de que un vecino les haya informado que vive en toda una mansión y que conduce uno o más vehículos lujosos de reciente data.
El escándalo de los jefes de división aduaneros Roberto Luis Pereira y Miguel Ángel Medina, entre otros, cuyos respectivos traslados y designaciones como administradores habrían sido requeridos por el senador Martín Arévalo (ANR), surgió como un hecho punible de tráfico de influencias, insólitamente denunciado por el jefe de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández. Como allí es “muy vidriosa la cosa”, según el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, actuaciones posteriores apuntaron también, en igual contexto, a un caso de venta de mercaderías decomisadas por dicho organismo y a otro de enriquecimiento ilícito, delito este que supone la previa comisión de los de cohecho pasivo agravado, lesión de confianza o declaración jurada falsa. Hay mucho que indagar, pues, en este fétido asunto. Por de pronto, la ciudadanía ya pudo constatar la envidiable opulencia que reflejan las viviendas de los funcionarios Pereira y Medina, allanadas por agentes fiscales de la Unidad Anticorrupción.
Es de preguntarse si fueron declaradas y de suponer que, si no fue así, la Contraloría General de la República les emplazará a que presenten una información adicional, sin perjuicio de que, desde ya, realice de oficio las pesquisas necesarias para determinar si el patrimonio de los susodichos tuvo un aumento que no guarda proporción con sus ingresos legítimos, resultado que debería dar a conocer. También es preciso que lo mismo haga el Ministerio Público; lo hizo otrora con respecto al aduanero Pereira, por enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles, según se desprende de la carpeta fiscal hallada en su domicilio; es una pena que el agente fiscal Diego Arzamendia no sepa si la cuestión terminó con un sobreseimiento o con una desestimación, pues el órgano que integra carece –créase o no– de un archivo digitalizado. Desde luego, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el contrabando pueden ser delitos conexos: se promueve la designación de un funcionario que esté dispuesto a hacer la vista gorda ante cierto “importador”, que también se sentirá agradecido al “padrino”.
El vicepresidente de la República afirma no recordar que se haya reunido con el “empresario” esteño Ahmad Khalil Chams, para hablar sobre el cargamento incautado: dijo que habrá llegado a él “a través de un político”, cuyo nombre y apellido debe revelar porque la ley le obliga a denunciar todo hecho de acción penal pública, como el de tráfico de influencias, que llegue a conocer en el ejercicio del cargo.
“Es muy probable que le haya traído”, agregó, como si ello disculpara que atienda en su despacho temas ajenos a su competencia.
Historias similares se repiten todos los días en la administración pública, para mal del país y para bien de funcionarios, legisladores y delincuentes de guante blanco. Si esta salió a la luz no fue gracias a la Contraloría o al Ministerio Público, sino al conflicto que por motivos ignorados estalló entre dos amigos que, dicho sea de paso, rezaban juntos en el Palacio Legislativo, a tempranas horas de la mañana. Y, sin embargo, no hubiera resultado difícil descubrir que los aduaneros Pereira y Medina tendrían un nivel de vida muy superior al permitido por sus respectivos salarios y las remuneraciones adicionales.
Dados los antecedentes, la DNA debería ser objeto de especial atención por parte de los referidos organismos :un monitoreo permanente de sus funcionarios clave permitiría constatar la evolución de sus respectivos patrimonios, sin necesidad de confiarse al azar. Si Martín Arévalo y Julio Fernández no se hubiesen peleado, la ciudadanía no habría podido enterarse del lujo que pueden permitirse unos aduaneros de mediana categoría, sobre todo si tienen que ver directa o indirectamente con “empresarios” de frontera, vinculados con el poder político. Por eso, también la sociedad civil victimizada debería identificar a los funcionarios que, con toda impudicia, exhiben su riqueza mal habida o entregan declaraciones juradas de bienes y rentas de contenido falso, a las que se puede acceder a través del portal de la Contraloría: sin violar el derecho a la intimidad, actuaría así en defensa propia.
Este reciente episodio que demuestra cómo se esquilma al país a través de miembros de los Poderes del Estado coaligados, debería ser una ocasión propicia para que la ciudadanía repudie pública y sostenidamente y reclame el castigo a los sinvergüenzas que están vaciando el erario.