Amnesia fiscal sobre carga
Los datos que obran en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) revelan que los funcionarios Luis Roberto Pereira Recalde y Miguel Angel Medina Prieto ocuparon varios cargos en diferentes administraciones aduaneras, pero desde hace varios años se desempeñan como jefes de división.
Pereira Recalde es jefe de división de Resguardo de la aduana de Puertos y Estibajes Fénix, con un sueldo de G. 9.300.000 y remuneraciones extraordinarias por 2.108.0000, totalizando un ingreso de G. 11.408.000, según los datos al mes de julio de la DNA.
Medina Prieto es jefe de Contraloría de la Aduana de Paksa, con un sueldo de G. 9.300.000 y remuneraciones extraordinarias por G. 1.712.750, totalizando un ingreso de G. 11.012.750, de acuerdo con los datos también al mes de julio.
Los aduaneros, sin embargo, ostentan residencias lujosas y vehículos costosos, según se pudo observar durante el allanamiento realizado a la casa de Pereira Recalde por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce en el marco de la causa abierta por tráfico de influencia.
El director nacional de Aduanas, Julio Fernández, en la denuncia presentada la semana pasada ante el Ministerio Público por tráfico de influencia contra el senador Arévalo, señala que éste solicitó traslados y designaciones de funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de Aduanas.
Sostiene que pidió la designación de Miguel Angel Medina y de Luis Pereira como, quienes se desempeñan en carácter de jefe de división con rubro presupuestario acorde al cargo, administradores de aduanas.
En el caso de Pereira ya había sido investigado en una causa anterior, dijo el fiscal Arzamendia. De acuerdo con los antecedentes, en 2015 tras un operativo de la Coordinación de Investigación Aduanera (Coia) se incautó 235 cajas de productos falsificados que ingresaron vía aeropuerto Silvio Pettirossi.
Esta investigación estuvo a cargo de los fiscales Luis Chamorro y Emilio Fúster, este último hoy ocupa la titularidad de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC), dependiente de la Presidencia de la República, quienes imputaron a cuatro funcionarios, entre ellos a Pereira
La fiscala Nohelia Naumann reconoció ayer a ABC que no se halló nada en la investigación sobre el enorme robo de productos de contrabando pertenecientes al rubro electrónico, que se encontraban en el depósito aduanero de Gical, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Afirmó reiteradamente que no recuerda casi nada de los detalles de la investigación, que tiene apenas un año de antigüedad. Este caso es uno de los que saltaron al tapete luego de la denuncia que realizó el titular de Aduanas, Julio Fernández, contra el senador Martín
Recalde que era jefe de Resguardo.
En Aduanas a lo largo de los años se investigaron a cientos de funcionarios, verdaderos “magos de las finanzas”, por hechos de corrupción, pero la mayoría fueron sobreseídos por la justicia y continúan en cargos importantes en la DNA, lo que fue en su momento uno de los cuestionamientos realizados a la administración de Julio Fernández.
Fernández cuando asumió el cargo en agosto de 2018, dijo que ya tenía identificado a 127 funcionarios con activos (bienes) muy por encima de lo que deberían tener conforme a los ingresos que perciben y anunció, en aquel entonces, que pediría declaraciones voluntarias de bienes.
En la Contraloría General de la República, el director
Arévalo (ANR).
La fiscala se escudó en que ahora mismo la carpeta fiscal ya no está a su cargo, general de la Dirección de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Armindo Torres Torres, solicitó autorización la directora de área de Dictamen de Correspondencia, Jessica L. Bogado, para la realización de un análisis sobre las declaraciones juradas de Luis Roberto Pereira y de Miguel Medina, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.
La revisión es atendiendo las publicaciones vertidas en diferentes medios de comunicación, a fin de verificar la veracidad y la correspondencia de la declaración jurada de bienes y rentas presentadas por los mismos ante la Contraloría.
Para el efecto, agrega Torres Torres en la nota, se solicita circularizar a las diferentes instituciones públicas y privadas para recabar informes sobre las citadas personas. porque la derivó a Fiscalía General. Argumentó que desde un principio trabajó con el Departamento de Investigaciones de la Policía y que, si bien se hicieron varios oficios y se solicitó el cruzamiento de llamadas, no hubo mayores hallazgos ni tampoco pedidos de allanamientos.
Según la fiscala Naumann, la causa ahora será redistribuida para el equipo que está llevando las otras denuncias en el marco de toda la serie denuncias que saltaron luego de que Julio Fernández sacara a la luz este caso. “La denuncia del contador dice que entraron en un Canter (camión) que vieron a cinco personas”, recordó la agente.