Lo que se salvó del robo fue vendido por G. 600 millones
Con el robo registrado en agosto del año pasado en el depósito aduanero de Gical, ubicado en Mariano Roque Alonso, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) perdió gran parte de las mercaderías decomisadas que estaban bajo su custodia y que podrían haber dejado una importante recaudación para el Estado por la vía del remate público, atendiendo el valor total del cargamento.
La entidad, a través de su cuenta en Twitter, califica de falso que haya rematado mercaderías valoradas en US$ 3 millones “por solamente G. 600 millones” y, en ese contexto, inicia un breve relato de los hechos que sucedieron en aquel entonces buscando contrarrestar las acusaciones dentro de un fuego cruzado que su titular, Julio Fernández, mantiene con el senador Martín Arévalo (ANR) y el empresario importador Ahmad Kalil Chams, que dijo ser el dueño de la carga.
Explica que el contenedor salió en forma irregular de la Aduana de Encarnación a fines del 2019, pero fue recuperado por fuerzas de la UIC, una unidad que combate el contrabando, y trasladado al depósito aduanero de Gical, que es alquilada por la DNA.
Señala que la carga del contenedor fue valorada por técnicos de la institución en noviembre de 2019 en G. 18.801 millones (US$ 2,7 millones al cambio vigente) y luego en agosto del 2020 se detectó que gran parte de las mercaderías fueron robadas.
En ese sentido, menciona que “las pocas mercaderías restantes son las que finalmente se adjudicaron en G. 600 millones, a la firma EMEKU SA, en el marco de un concurso de precios del que participaron varias empresas” (no menciona los nombres).
Aunque la institución no incluyó en su posteo, entre el valor total de las mercaderías y lo que ingresó por el remanente que quedó tras el robo, existe una diferencia de G. 18.201 millones (US$ 2,6 millones al cambio vigente) que quedó fuera de la posibilidad de un remate público que podrían haber engrosado la recaudación.
Aduanas refiere que “denunció ante la Fiscalía el robo del contenedor en Gical, entregó filmaciones, rescindió contrato con la empresa de seguridad y descomisionó a los policías responsables de custodiar el depósito”, pero no menciona si se abrió sumario administrativo a funcionarios encargados del lugar.
El robo de los productos electrónicos, sin embargo, a un año de los hechos está parado y en la Fiscalía no hubo avances en la investigación para hallar a los responsables del acto ilícito.