Auditoría responsabiliza a Hugo Javier en escándalo
Informe final de la revisión conjunta de la Senac y Auditoría General del Poder Ejecutivo concluye que político cartista descuidó el uso de US$ 1.000.000
Sostiene que como administrador de los recursos del Estado debió “prever el íntegro y efectivo control” de los fondos de la lucha contra la pandemia
Apenas Hacienda liberó la plata, el Número 2 la repartió a ONG y al Consejo de Salud, lo que derivó en groseras anomalías en la rendición de cuentas
La Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González (ANR, HC), no cuidó el uso del dinero público, refiere el informe final de la revisión conjunta de la Secretaría Anticorrupción y Auditoría del Poder Ejecutivo sobre el uso de US$ 1.000.000 en la pandemia.
AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Apenas el Ministerio de Hacienda desembolsó G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales de año 2020) a la Gobernación del Departamento Central, el gobernador Hugo Javier González repartió todo el fondo de emergencia por covid-19 para la reactivación económica.
Entregó G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, para la realización de obras de infraestructura y pavimentación. La otra organización “sin fines de lucro” beneficiada por el administrador departamental fue el Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, que se llevó G. 1.276 millones para ayudar a hospitales durante la pandemia. Esta última ONG no es reconocida por el Ministerio de Salud.
En la rendición de cuentas de la institución departamental aparece una serie de groseras anomalías para justificar el uso del dinero público. Es más, los auditores concluyeron que el “gobernador como ordenador de gastos y máxima autoridad para el manejo y control de sus fondos, no empleó a funcionarios idóneos para el control eficiente de las rendiciones de cuentas
presentadas por la fundación CIAP y el Consejo Regional de Salud”.
Se observan facturas clonadas, de empresas que no existen en las direcciones declaradas, comprobantes de supuestas compras donde los artículos adquiridos no se relacionan con el rubro de la empresa, facturas de pagos de salarios del 2020 emitidos antes del desembolso del fondo de emergencia, reemplazo de facturas, entre otras irregularidades.
El informe sostiene que “las irregularidades manifestadas podrían implicar un menoscabo a fondos del Estado, que independientemente a la realización de ciertas obras públicas, no fueron respaldadas con documentación suficiente, lo que impide conocer la utilización de fondos cedidos por la Gobernación del Departamento Central tanto a la fundación CIAP y al Consejo Regional de Salud”.
Los auditores también expresan que en el marco de la Ley 1535/1999 De Administración Financiera del Estado, “se desprende con claridad que la Gobernación como órgano del Estado y buen administrador debió prever el íntegro y efectivo control administrativo de los fondos destinados a la Fundación CIAP y al Consejo Regional de Salud Departamental”.
Uno de los puntos muy cuestionados por los auditores es que según el estatuto social de la fundación CIAP dice que su naturaleza y objetivo principal es la formación de personas en diferentes disciplinas y la realización de capacitaciones, no así la construcción o restauración de obras de infraestructura y menos pavimentación.