Informe de la ONU denuncia la gran extensión de la represión chavista
Un informe de la ONU revela el alcance de la represión del régimen chavista, al demostrar que los propios jueces y fiscales de Venezuela participan en las graves violaciones de los derechos humanos de opositores.
GINEBRA (AFP). En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno”.
“En lugar de proveer protección a las víctimas (...), el sistema judicial venezolano ha tenido un rol significativo en la represión estatal a los oponentes al gobierno”, señala el informe.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las denuncias contra el régimen chavista, liderado por Nicolás Maduro, de violaciones a los derechos humanos contra quienes se le oponen.
La Misión indicó que a través de entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, y análisis de expedientes judiciales y otros documentos encontró “irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.
Represión generalizada
Los jueces “ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional”, “mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona”, y “dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo”.
De su lado, los fiscales
“presentaron evidencia contaminada por la tortura, la que a su vez fue admitida por jueces como prueba”.
El miembro de la Misión, Francisco Cox, dijo que la “abrumadora mayoría” de las violaciones de los derechos de los opositores que han sido documentadas “no han generado investigación, encausamiento o juicio de quienes presuntamente las cometieron”.
Entre los casos que la misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que “involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales”.