Feprinco y ARP apoyan reflotar plan
“Desde los gremios empresariales nucleados por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), consideramos que después de la reforma tributaria iniciada en el año 2004 este es el proyecto de ley que más contribuirá a la seguridad de los derechos sobre la tierra y al estímulo de nuevas inversiones, consolidando la paz social al reducir la inseguridad de su tenencia y, por lo mismo, la conflictividad que ella produce”, afirmó el abogado y empresario Manuel Riera respecto a la unificación de los Registros Públicos y Catastro.
Riera afirmó que la ley que crea el Sinacare y la Dinacare brindará una defensa a la seguridad jurídica, que es uno de los fines del Derecho. “No existe desarrollo sin inversión, y no existe inversión sin seguridad jurídica”, afirmó.
Alegó que la libertad tiene su mayor expresión en la propiedad privada, en el derecho de las personas a ser dueñas de las cosas que producen o que adquieren, y en la capacidad jurídica para defender ese derecho a gozar, disfrutar y disponer de las cosas, y que estos son conceptos que la ley de Dinacare pretende que queden bien establecidos.
“El Derecho regula conductas. Es así como las leyes protegen los derechos de las personas sobre las cosas, pero, para ello es necesario tener absoluta certeza de tales derechos; si no los tenés, nada podés proyectar o construir”, expresó.
Añadió que el proyecto de ley que crea el Sinacare/Dinacare apunta a aquello, unificando bajo una sola institución a todas las demás que actualmente intervienen de alguna manera en las cuestiones de tierras, definiendo las políticas públicas, creando una sola base de datos con una única nomenclatura catastro-registral y simplificando los procedimientos y trámites registrales, para mejorar la información y fortalecer el ordenamiento territorial brindando seguridad jurídica.
“Sin lugar a dudas, un organismo técnico, autónomo y autárquico, que contenga el servicio de catastro, registros y regularización administrativa de los problemas vinculados a los derechos sobre la tierra, con base en la tecnología disponible, tanto en la individualización física como jurídica de los inmuebles, tendrá que traer los beneficios deseados: brevedad y rapidez en los procesos, así como seguridad técnica y jurídica en los derechos”, afirmó.
Mencionó también que con la creación de Dinacare se eliminará gran parte de la burocracia pública y la incertidumbre provocada por la multiplicidad de registros distribuidos en instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), fuente de la mayor cantidad de conflictos en la materia.