El Indert reclama a Hacienda más fondos para pagar deuda por tierras
El Estado adeuda G. 965.000 millones (US$ 140,2 millones) por compras y expropiaciones de tierras, informó ayer la presidenta del Indert, Gail González Yaluff, durante la defensa de su presupuesto ante la Comisión Bicameral. Reclamó que solo fueron asignados G. 20.000 millones para cumplir con compromisos y pidió una ampliación de US$ 15,6 millones.
La titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) expuso ayer en la audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, sobre el proyecto de presupuesto para el año 2022 que le fue asignado a esa entidad dependiente del Poder Ejecutivo.
Ese organismo tiene este año un presupuesto inicial de G. 107.370 millones, pero sumada la ampliación recibida asciende a G. 113.825 millones (US$ 16,5 millones) y para el próximo año son contemplados G. 110.149 millones (US$ 16 millones), lo que implica una reducción del 3,2%.
González Yaluff mencionó que actualmente la deuda por las compras y expropiaciones de tierras asciende a G. 965.000 millones (US$ 140,2 millones), pero que el presupuesto para el pago es de apenas G. 20.000 millones (US$ 2,9 millones). Agregó que a ese ritmo se tardaría 46 años en pagar la deuda, sin tener en cuenta los intereses que se van sumando cada vez más.
Adelantó que para el presupuesto 2022 ya se planteó a Hacienda una adenda de G. 106.000 millones (US$ 15,4 millones) para su inclusión en el plan de presupuesto 2022 que se estudia en el Congreso y que está en análisis en dicha secretaría de Estado. Dejó en claro que no se pide aumento salarial para ningún funcionario porque “queremos limpiar nuestra institución del concepto que tiene la gente”, justificó.
Proyecto de ley
En otro orden, señaló que están trabajando en un proyecto de ley para solucionar en parte el caso Antebi Cue, que permitirá adjudicar y dar título de propiedad a los que realmente son sujetos de la reforma agraria, no así a aquellos que están ocupando lotes irregularmente.
En ese contexto, informó que en general el 15% de los que ocupan las tierras del Estado no son sujetos de la reforma y que se apunta a ir recuperando mediante las intervenciones que se vienen realizando en las colonias. Al respecto, dijo que piden el apoyo del Poder Judicial para poder concretar la recuperación de las tierras, ya que muchos obtienen una medida cautelar para seguir ocupando, pero nadie vive en el lugar, son plantaciones, cuando el estatuto agrario exige ocupación directa, efectiva.
Aumento del 3,2% en MTESS
A su turno, la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, expuso los programas que pretende impulsar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dentro del proyecto de presupuesto 2022, en la audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
Su presupuesto inicial establecido para este año es de G. 297.226 millones (US$ 43,2 millones) y para el próximo año se prevén G. 306.813 millones (US$ 44,5 millones), lo que implica un aumento del 3,2%.
Explicó que en un 81% el presupuesto es sostenido por el empleador formal, quien al dar su aporte patronal al IPS, el 1% se destina al ministerio y solo el 9% proviene de recursos del Tesoro.
Subsidio a suspendidos
Bacigalupo dijo que se aguarda seguir con el subsidio a trabajadores formales hasta fin de año, dado que aún están suspendidos en sus funciones un total de 5.065 trabajadores, de los más de 100.000 que estaban en esa situación en 2020 durante el cierre de las actividades económicas por la pandemia del covid-19. Refirió que el programa de subsidio benefició a 210.931 trabajadores por la suspensión de contratos laborales, aislamiento preventivo, por grupo de riesgo y por covid-19, lo que representaron 738.241 pagos por un total de G. 589.729 millones (US$ 85,7 millones al cambio vigente).
Señaló que el subsidio tuvo un impacto muy importante en la sostenibilidad del empleo, pero que es importante mantenerlo porque siguen con problemas algunos sectores como los de turismo, pequeños comercios, sector educativo superior, el cual todavía tiene gran parte de su plantel no operativo porque las clases se van implementando poco a poco.
CAH prevé aumentar tasas
A su vez, el presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), César Cerini, adelantó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso ayer que aumentará la tasa de interés de préstamos, por los recortes que le fueron aplicados en el proyecto de presupuesto 2022 a la institución.
La entidad otorga créditos a pequeños productores del sector agropecuario, este año tiene un presupuesto inicial de G. 456.787 millones y para el 2022 le fueron asignados G. 529.977 millones, lo que representa 16% más.
Aunque el presidente del CAH no citó a qué nivel podría subir el próximo año la tasa de interés, indicó que actualmente se cobra por préstamos para capital operativo 15% de interés (el año pasado era del 18%) y para inversión es 10%.
Disminución de 2,6% para Conatel
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aportará el próximo año G. 210.000 millones (US$ 30,5 millones) para calzar el proyecto de Presupuesto para el 2022.
De acuerdo con los datos que dio a conocer el presidente de la Conatel, Juan Carlos Duarte, en el presente ejercicio se asignaron a la entidad G. 369.242 millones (US$ 53,6 millones) y para el año venidero se prevén G. 359.340 millones (US$ 52,2 millones), lo que representa una disminución de 2,6%.
Reducción del 15% en Indi
Ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso también expuso el lunes último el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Gustavo Olmedo.
La institución tiene actualmente un presupuesto de G. 65.406 millones (US$ 9,5 millones) y para el año próximo le asignaron G. 67.310 millones (US$ 9,7 millones). Olmedo explicó a los legisladores que entre el año 2017 y el 2021, el presupuesto de la institución sufrió una disminución en un promedio del 15%; en tanto que en el ejercicio 2021 tuvo una variación negativa en el orden del 4% con respecto al plan financiero otorgado por el Ministerio de Hacienda.
Reconoció que el presupuesto es insuficiente para atender las necesidades existentes en el sector, tal como le señalaron los legisladores que dieron su opinión durante la sesión.