Corte solicita dinero para crear 950 nuevos cargos
Las cinco entidades que se presentaron ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, para defender su plan de gastos para el 2022, pidieron aumentos por encima de lo establecido por Hacienda. Los “pecheos” extras suman unos G. 708.980 millones y además piden la creación de 1.446 nuevos cargos.
La mayoría de las instituciones públicas que se presentaron hasta el momento en la audiencia pública convocada por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso ha solicitado incrementos al plan de gastos para el 2022, por encima de lo planteado por el Ministerio de Hacienda.
Ayer fue el turno del Tribunal Superior de Justicia Electoral, cuyo titular Jaime Bestard, expuso ante la referida Comisión Bicameral el plan de gasto que pretende ejecutar el próximo año, solicitando al mismo tiempo un aumento de G. 36.507 millones (US$ 5,3 millones).
El presupuesto vigente de la Justicia Electoral asciende a G. 653.163 millones (US$ 95 millones) y para el próximo año se asigno G. 641.711 millones (US$ 93,4 millones), lo que implica una reducción de 1,7%; además de contar con un total de 461 funcionarios.
Bestard explicó que existen recortes en áreas consideradas importantes para el funcionamiento de la institución, entre estos los recursos destinados al personal contratado, bienes de consumos e insumos, así como en inversión física, por lo que pidió la reposición porque considera que están dentro de lo razonable.
Subsidio y aporte
El titular de la Justicia Electoral en lo que respecta al subsidio a los partidos políticos, aseguró que están al día en cuanto al último evento electoral desarrollado en 2018. Por su parte, en lo que se refiere al aporte electoral a los partidos reconoció que existe G. 30.000 millones (US$ 4,3 millones) que deben ser transferidos y que el Ministerio de Hacienda se comprometió a cubrir en tres cuotas.
Dijo que el primer pago de G. 10.000 millones (US$ 1,4 millones) se hará antes de las próximas elecciones municipales, que podría ser a fin de mes o a inicios de octubre, en tanto el resto en los siguientes meses.
El tema generó críticas porque tres partidos de la oposición tienen embargos por deudas y los legisladores de esos sectores atribuyen al Gobierno una campaña que está ahorcando a los partidos de oposición, cuando que esta ley se creó para evitar la plata sucia y que el narcotráfico termine financiando las campañas, de acuerdo a las expresiones de la diputada Celeste Amarilla (PLRA) y Esperanza Martínez (FG).
CSJ pide aumento del 33%
Por su parte, el presidente de la máxima instancia judicial, César Manuel Diesel, en audiencia pública expuso también los detalles del proyecto de presupuesto 2022.
La audiencia es parte del calendario establecido por la referida comisión legislativa para el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, a fin de emitir su dictamen para que luego sea analizado en la Cámara de Diputados, primero; y en la Cámara de Senadores, posteriormente.
El proyecto de presupuesto de la Corte asciende a más de G. 1,8 billones (US$ 263,4 millones al cambio vigente) lo que representa un incremento del 33%, equivalente a G. 451.354 millones (US$ 65,6 millones),
con respecto al presupuesto vigente de G. 1.3 billones (US$ 197,7 millones).
Este incremento en el gasto se propone sea financiado íntegramente con recursos del Tesoro, es decir con los fondos que provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes porque, según argumentaron, no será posible con los recursos que genera la institución.
Pretenden crear 950 cargos
Diesel durante su exposición no mencionó ningún aumento salarial para los funcionarios, pero sí planteó que se apruebe la creación de 950 cargos para hacer frente a las necesidades existentes en los diferentes juzgados en el país, lo que demandará unos G. 43.971 millones (US$ 6,4 millones) más en salarios.
La Corte tiene este año 11.914 cargos presupuestados, entre funcionarios y magistrados, por lo que de aprobarse el pedido pasará a contar el año venidero con 12.864 y esto hará que el gasto de justicia sea más rígido porque los salarios se pagan sí o sí.
A esto se suma la inversión prevista en infraestructura, como edificación de palacios en varias locales del país, refacción y otros, que implica un presupuesto de G. 280.831 millones (US$ 40,8 millones).
Autonomía
El Poder Judicial, por ser uno de los poderes del Estado, tiene autonomía en el manejo su presupuesto y presenta su proyecto directamente al Congreso, no está obligado a pasar antes por Hacienda para obtener un visto bueno.
Ese contexto, incluso, como juez y parte cada año suspende los efectos de los artículos del decreto reglamentario de la ley de presupuesto que obliga a una racionalización del gasto público.
Los legisladores durante el estudio del proyecto de presupuesto, generalmente, toman como referencia los números asignados por la cartera fiscal en el proyecto de PGN 2022 presentado por el Poder Ejecutivo, que en este caso para la Corte se asignó un monto casi similar al vigente.
Algunos legisladores, sin embargo, como Cristina Villalba (ANR, cartista), Freddy D’Ecclesiis (ANR, Añetete), Basilio Núñez (ANR, cartista) ya adelantaron apoyo al pedido realizado por el titular del Poder Judicial.