Hallan indicios de lesion de confianza en Central
SEGÚN MINISTRO DE LA SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
René Fernández reconoce aparición de evidencias de un presunto daño patrimonial en el uso de US$ 1.000.000 entregados al cartista Hugo Javier (ANR).
Gobernador no puede eludir su responsabilidad en manejo de dichos fondos, lo que derivó en groseras irregularidades y facturas clonadas, sostiene Senac.
Fiscala general Sandra Quiñónez trató de justificar la llamativa lentitud de la investigación y la falta de imputación del Nº 2 utilizando débiles argumentos.
El titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, expresó ayer que existen “indudablemente indicios de lesión de confianza” en Central y que su gobernador, Hugo Javier González (ANR, HC), no puede eludir su responsabilidad sobre el uso de US$ 1.000.000 del fondo de emergencia por covid-19.
AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Fernández, exfiscal anticorrupción y de delitos económicos, sostiene que el gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC), no puede eludir su responsabilidad sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020) del fondo de emergencia por covid-19.
Aseguró que en el informe final donde se ratifican las innumerables irregularidades existen “indudablemente indicios de lesión de confianza”. La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) también encontró groseras anomalías en la ejecución de las obras pagadas con el citado dinero estatal.
La Senac y la AGPE presentaron la semana pasada el informe final de la auditoría realizada sobre el uso de G. 6.382 millones. Los auditores se ratificaron en las irregularidades detectadas, las cuales el gobernador Hugo Javier no supo refutar en su delirante descargo.
El exanimador de fiestas devenido en gobernador repartió los fondos a dos organizaciones “sin fines de lucro”: La fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez recibió G. 5.105 millones para hacer obras de infraestructura a pesar que su estatuto no lo permite.
La ONG se dedica a la formación profesional de personas en diferentes disciplinas y a desarrollar capacitaciones. Todo esto lo sabía González.
El Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, también fue beneficiado y se llevó G. 1.276 millones para ayudar a hospitales de Central durante la pandemia. Las donaciones comenzaron a aparecer luego de varios meses de recibir el desembolso, casualmente después de las publicaciones periodísticas sobre las irregularidades cometidas en las compras. El Consejo ni siquiera está reconocido por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, dice el dictamen de los auditores.
Lesión de confianza
El ministro anticorrupción es uno de los denunciantes del caso clonación de facturas que aparecen en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el despilfarro de US$ 1 millón, junto al viceministro Óscar Orué, de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
La denuncia penal fue presentada el 8 de julio de este año, pero el fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia aún no procesó a nadie.
Fernández, al ser consultado sobre la eventual configuración de una lesión de confianza cometida en el caso,
afirmó, una vez más, que existen fuertes indicios basándose en las anomalías encontradas en la auditoría.
“Son indudablemente indicios de lesión de confianza que requieren ser fortalecidos con otros elementos de prueba a través de la investigación. También mezclaron los comprobantes en la segunda rendición y los pagos realizados no coinciden con los proyectos”, manifestó.
Fernández dijo que “también es un indicio que los documentos no reflejan la realidad”, ya que la ejecución de las obras hechas por CIAP carecen de numerosas certificaciones y algunos procesos fueron “salteados” (obviados).
Groseras anomalías
Expertos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo verificaron “in situ” cada una de las obras hechas por la ONG CIAP pagadas con dinero público. Hallaron una serie de burdas irregularidades que Hugo Javier no pudo explicar en su descargo. Las obras cuestionadas por AGPE costaron más de G. 1.756 millones al erario.
Por ejemplo, se menciona que el “asfaltado para el acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario” (acceso a la sede de la Gobernación), ya fue hecha en octubre del 2020 y no en enero del 2021 como quiso hacer creer Hugo Javier. En todas las obras no se visualiza la verificación de avance de las tareas y todos los certificados de obra no fueron firmados “por un profesional idóneo de la rama de la construcción representante de la contratante”, como un arquitecto o ingeniero civil, sino que el firmante fue Tadeo Álvarez, presidente y fundador de CIAP.
En las construcciones de contrafuertes, canales abiertos y colocación de hormigones, CIAP, no notificó a especialista fiscalizador de obras alguno “que indefectiblemente debió autorizar dicha colocación”, dice el informe. Asimismo, no existen los planos de cálculos estructurales, planos de encofrados o de detalles constructivos para la ejecución de las obras.
La construcción del baño sexado en la asociación de profesores de la ciudad de Villa Elisa “no corresponde” porque se trata de un predio privado y no público dicen los auditores. También,
CIAP y Hugo Javier sostienen que la obra se llevó a cabo entre enero y febrero de este año, pero los profesores aseguraron que fue hecho en diciembre último.
Respecto a la “reparación y reposición del parque infantil” ubicado en el predio de la parroquia Virgen de la Candelaria, el dictamen final de la auditoría dice que “según las actas de inicio y recepción de la obra, los trabajos fueron realizados entre el 4 de enero de 2021 y el 5 de febrero de 2021, por lo que no coincide con la fecha en que según documentos proveídos por la Gobernación se firmó el contrato entre las partes, ya que este data del 2 de marzo del 2021, por lo que “no existen coincidencias, ni concordancia entre dichos documentos”.
Más irregularidades
La Senac y la AGPE ratificaron las irregularidades cometidas en torno a la transferencia de G. 6.382 millones tanto a CIAP como al Consejo Regional de Salud.
Entre las anomalías están la transferencia de fondos a una entidad no habilitada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la donación irregular de bienes realizada por el Consejo Regional de Salud Departamental al Hospital de Areguá, el otorgamiento de fondos para construcción de obras, mantenimiento y mejora de espacios públicos a una entidad cuyos fines y objetivos son de formación profesional y capacitación y gastos irregulares del fondo destinado al proyecto.
Además, la construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central por G. 1.350.184.406, facturas por G. 976.267.636 en concepto de estudio de impacto ambiental, estudio de suelo y contratación de profesionales fiscalizadores sin documentos o informe respaldatorio; facturas reemplazadas en la rendición de cuentas de la Ley 6641/2020 de reactivación económica por G. 1.610.509.089 y deficiencia documental en obras realizadas.