Códigos mafiosos están instalados en nuestro sistema político.

La degradación de la actividad política es cada vez más acelerada en el Paraguay. Las muestras de incapacidad de los actores derivan lógicamente en perjuicio de la ciudadanía, que no mejora su calidad de vida en ningún aspecto. Con el tiempo, la venta de espacios políticos fue copada por dinero proveniente del crimen organizado: lavado de dinero, contrabando, narcotráfico, entre otras modalidades delictivas. Por su falta de patriotismo y ética, ciertos dirigentes de los partidos políticos fueron aceptando grandes sumas de dinero, primero para solventar sus campañas, pero actualmente pasaron a ser directamente ordenanzas de los narcos, contrabandistas y lavadores de dinero que son los que disponen lo que debe hacerse. Los cargos públicos electivos y no electivos requieren de ciudadanos honestos, idóneos, con vocación de servicio, que piensen y actúen en aras del bien común, lo que por ahora no sucede.

La degradación de la actividad política es cada vez más acelerada en el Paraguay. Las muestras de incapacidad de los actores derivan lógicamente en perjuicio de la ciudadanía, que no mejora su calidad de vida en ningún aspecto.

Los políticos están ocupados primero en acercarse a los líderes de los movimientos regionales –muchos de los cuales basan su liderazgo en el tráfico de influencias y el dinero sucio– para que estos a su vez les permitan integrar alguna lista o ser nombrados en algún cargo público. Obviamente esto no depende de su idoneidad para desempeñar el puesto sino de su obsecuencia y disposición para prestarse a todo tipo de maniobras delictuales, como obras fantasmas, licitaciones amañadas, contratación de operadores para las elecciones, etcétera.

Con el tiempo, la venta de espacios políticos fue copada por dinero proveniente del crimen organizado: lavado de dinero, contrabando, narcotráfico, entre otras modalidades delictivas. Por su falta de patriotismo y ética, ciertos dirigentes de los partidos políticos fueron aceptando grandes sumas de dinero, primero para solventar sus campañas, pero actualmente pasaron a ser directamente ordenanzas de los narcos, contrabandistas y lavadores de dinero que son los que disponen lo que debe hacerse. Aquí cabe recordar aquel mensaje telefónico del político colorado Bernardo “Lalo” Villalba, para pedirle ayuda económica al narcotraficante preso Carlos Antonio “Capilo” Caballero, que decía: “Apoyame a mí para diputado y vas a ver actuar a un diputado valé”. Villalba le pidió 5.000 dólares en nombre de “los correligionarios de Concepción”. En ese momento, el político buscaba una banca como diputado. Hoy es senador suplente, con posibilidad de integrar la Cámara Alta si eventualmente el hoy cuestionado Martín Arévalo es expulsado de su banca por el escándalo de Aduanas.

Como es lógico, los intereses de los grupos criminales son estrictamente económicos, ligados a los negocios que logran en concesiones, contratos, construcciones, gracias a las influencias que trafican.

Para que este sistema corrupto funcione como lo desean los criminales, necesita de personas que obedezcan sin cuestionar nada, lo cual es típico de sujetos sin escrúpulos. “Apoyame a mí para diputado y vas a ver actuar a un diputado valé”. Esta frase da a entender que Villalba se ponía a las órdenes del narcotraficante.

Este escenario es el que nos lleva al momento que vive nuestra sociedad, castigada por el desinterés en el bien común de parte de los políticos, sin proyectos de salud pública eficiente, transporte de pasajeros, seguridad ciudadana, educación inclusiva de calidad, investigación científica, educación universitaria mirando al futuro, etcétera.

Quienes ocupan los espacios públicos en los diferentes niveles no tienen idea de cómo proponer estrategias de desarrollo, no solo porque no les interesan, sino porque su miopía intelectual no les permite ver más allá de las coimas, estancias, camionetas lujosas, viajes excéntricos para luego publicar fotografías en sus redes sociales y presumir de ello.

Son varios los casos de políticos procesados que se enriquecieron sin aportar nada a la sociedad, entre ellos Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, por citar algunos.

Además, la presencia de personas inescrupulosas o de elementos criminales en las campañas políticas y los espacios de poder dio muestras en los últimos años de los métodos violentos propios de la mafia. Varios candidatos a cargos, intendentes, concejales, diputados y otros miembros de órganos del Estado han sido asesinados, o víctimas de atentados, mientras otros fueron sorprendidos con las manos en la masa realizando algún negocio turbio. En los últimos días, fue muerto a balazos el candidato colorado a concejal de Itakyry Carlos Aguilera, mientras Adán Carlile Sánchez,

del mismo partido y candidato al mismo cargo en Abaí, fue detenido con una carga de más de 500 kilos de marihuana.

Mientras tanto, políticos con procesos pendientes en la Justicia, e incluso condenados, pugnarán por cargos municipales, como los conocidos Ulises Quintana, acusado por asociación criminal en caso de narcotráfico, entre otros delitos, candidato colorado para la Intendencia de Ciudad del Este, y Óscar Rubén González Chaves, condenado en primera instancia por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, quien se postula para concejal en Luque por el mismo partido.

Los códigos mafiosos ya están instalados en el sistema político, lo que no cambiará mientras la representación popular siga siendo controlada por el dinero sucio. Concejales, intendentes, diputados, senadores e incluso presidentes de la República, en la medida en que sean solventados y sostenidos por la criminalidad organizada, no se ocuparán de las necesidades de la gente sino de los negocios de sus patrones para así poder mantener sus escaños.

Necesitamos una revolución que en cada elección arrase mediante los votos con los candidatos vinculados o solventados por grupos criminales, de tal manera que no lleguen a ocupar cargos para servir a sus propios intereses.

Los cargos públicos electivos y no electivos requieren de ciudadanos honestos, idóneos, con vocación de servicio, que piensen y actúen en aras del bien común, lo que por ahora no sucede. Renacerá el Paraguay cuando la voz de la esperanza y la decencia suene con fuerza en las urnas diciendo basta a los mercaderes de la politiquería.