Nula voluntad de sanear Aduanas y clase política.

Han pasado dos semanas desde que el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, denunció penalmente por tráfico de influencias al senador Martín Arévalo, y desde que este le retrucó acusándolo de ser parte de una “rosca mafiosa” que se confabula para “asaltar al Estado” apropiándose de bienes decomisados. En ambos casos hay evidencias e importantes indicios de graves irregularidades. Sin embargo, por un lado, el director de Aduanas fue ratificado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y, por el otro, en el Senado ni siquiera se inició un proceso de pérdida de investidura como manda la Constitución, en vez de lo cual se instaló una “Comisión Especial de Seguimiento al Combate al Contrabando”. En pocas palabras, va rumbo al oparei.

Han pasado dos semanas desde que el director nacional de Aduanas, Julio Fernández, denunció penalmente por tráfico de influencias al senador Martín Arévalo, y desde que este le retrucó acusándolo de ser parte de una “rosca mafiosa” que se confabula para “asaltar al Estado” apropiándose de bienes decomisados. En ambos casos hay evidencias e importantes indicios de graves irregularidades. Sin embargo, por un lado, el director de Aduanas acaba de ser ratificado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y, por el otro, en el Senado ni siquiera se inició un proceso de pérdida de investidura como manda la Constitución, en vez de lo cual se instaló una “Comisión Especial de Seguimiento al Combate al Contrabando”. En pocas palabras, rumbo al oparei. Fernández entregó al Ministerio Público grabaciones y mensajes de WhatsApp autenticados por escribanía en los que Arévalo insistentemente le pide nombrar como administradores a dos funcionarios de su confianza, Luis Roberto Pereira Recalde y Miguel Ángel Medina Prieto, lo que les habría dado amplias facultades de control y toma de decisiones en zonas primarias de aduanas sin tener el perfil para esas sensibles responsabilidades. Adicionalmente, puso como testigos al jefe del Departamento de Sumarios Administrativos de la dirección, Luciano Flor, y a la administradora Guadalupe Ruiz, a quienes, según la denuncia, Arévalo llamó para interceder y ofrecer “tratos” a favor de Ahmad Khalil Chams, supuesto financista y verdadero dueño de una carga incautada en Itapúa el 24 de noviembre de 2019. La misma llegó consignada a nombre de las empresas OVF S.A. y Cesu S.A., de Gregorio Cubilla, y fue declarada contrabando el 24 de junio de 2020, a partir de lo cual podía ser confiscada y vendida por el Estado conforme al Código Aduanero. Coincidentemente, según Fernández, hay registros de que los funcionarios Pereira y Medina, recomendados por Arévalo, participaron en más de 500 despachos de esas firmas. En contrapartida, salió a luz que el 24 de agosto de 2020, dos meses después de ser catalogada como contrabando, esa carga, valuada en 3 a 4 millones de dólares, fue objeto de un sugestivo robo en el depósito privado donde había quedado almacenada. Fernández asegura que fue un “operativo comando” y apunta como responsables a los propios exdueños, mientras Chams afirma que todo fue a parar a manos del político colorado Denis Vera, candidato a intendente de Ybytymí. Lo cierto y concreto es que lo que quedó de la mercadería fue vendido de manera directa por Aduanas en tan solo 600 millones de guaraníes a la firma Emeku S.A., de Mario Quiñónez Cattebecke, un hombre ligado a la prófuga Dalia López, cabecilla del sonado escándalo que involucró al exfutbolista Ronaldinho. El todavía senador Arévalo señala que la carga fue robada “sin resistencia” y que el depósito fue alquilado por dos años sin seguro contra robos, con lo cual insinúa que el propio Fernández está implicado. Afirma que la denuncia en su contra es una cortina de humo para tapar el hecho delictivo, y que por ello solo ahora Fernández exhibe intercambios de mensajes que datan de varios meses atrás. Si bien no se puede descartar que así sea, nada de eso exime a Arévalo, quien claramente incurrió en tráfico de influencias, tal como lo muestran las categóricas evidencias y tal como él mismo admitió al señalar que su “pecado” fue pedir “el traslado de dos funcionarios”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Esto tiene terminantes consecuencias políticas instituidas taxativamente por la Constitución Nacional, que en su artículo 201 establece como causal de pérdida de investidura “el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado”. En casos anteriores ya ha quedado plenamente definido que ello no requiere una condena previa en el ámbito judicial, lo que podría tardar varios años e invalidar en la práctica el precepto constitucional, y que la decisión se toma por mayoría simple de la cámara respectiva. Por lo tanto, el senador Arévalo debe ser expulsado del Congreso por expreso mandato constitucional. La instalación de esta nueva “comisión anticontrabando” solo puede interpretarse como un intento de demorar el cumplimiento o directamente violar la Constitución en favor del político, quien responde al vicepresidente Hugo Velázquez y contaría con su protección. De la misma manera, los “pecados” de Arévalo no eximen a Fernández. El director de Aduanas tiene mucho que explicar. ¿Cómo es posible que desaparezcan bajo su administración varios millones de dólares en mercaderías incautadas y no pase absolutamente nada? ¿Cómo puede ser que el Estado haya recaudado menos de 100.000 dólares del total y él lo justifique? ¿qué medidas tomó al respecto, quiénes son los responsables directos, cuántos otros casos de estos hay? Fernández es el mismo que se opuso a que la Dirección Nacional de Aduanas volviera a depender del Ministerio de Hacienda, como corresponde, y dejara de ser un organismo “autónomo”, al amparo de lo cual históricamente ha sido botín preferido de los políticos y origen de muchas fortunas malhabidas. En vez de ratificarlo en el cargo sin más, lo que se esperaba del presidente Abdo Benítez era que mínimamente ordenara una intervención, un sumario y una profunda investigación de los hechos. En cambio, previsiblemente, Arévalo y Fernández, que aparentemente hasta hace poco eran cercanos y compartían un grupo de oración, solo intercambiaron fuegos artificiales y siguen ambos cómodamente en sus puestos. Para la ciudadanía, la única conclusión posible es que ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo existe la más elemental voluntad de transparencia y combate a la corrupción.