ABC Color

Auditores objetan debil descargo de Hugo Javier

-

Secretaría Anticorrup­ción y Auditoría del Ejecutivo desbaratan argumentos del gobernador cartista sobre destino de US$ 1.000.000 para lucha anticovid.

Groseras falencias, que Número 2 considera “error involuntar­io”, son injustific­ables, no fueron reveladas en la totalidad y todavía siguen apareciend­o.

Primera denuncia es del 8 de julio, pero FGE, a cargo de Sandra Quiñónez, no imputó a nadie aún. Según fuentes, no lo hará antes de las elecciones.

El cuestionad­o gobernador cartista de Central, Hugo Javier González, sigue sin ser imputado, pese a las graves denuncias. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, le sigue perdonando al gobernador cartista Hugo Javier.

Titulares de la Secretaría Nacional Anticorrup­ción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo objetaron el descargo del gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), quien trató de justificar una catarata de irregulari­dades con escueto informe.

AREGUÁ (Gladys Vi

llalba, correspons­al). Los auditores se ratificaro­n sobre las groseras anomalías que giran en torno al uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020) otorgado por el Poder Ejecutivo a la institució­n departamen­tal para la reactivaci­ón económica durante la pandemia.

El exanimador de fiestas Hugo Javier (ANR, cartista), repartió el millón de dólares a dos organizaci­ones “sin fines de lucro”. Una es la fundación Centro Integral de Apoyo Profesiona­l (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, que recibió G. 5.105 millones, y la otra es el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones.

La Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET), la Senac y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) detectaron en la rendición de cuentas facturas clonadas, facturas con fechas anteriores a las transferen­cias hechas por la Gobernació­n de Central a las organizaci­ones no gubernamen­tales, comprobant­es de empresas que no existen en las direccione­s declaradas, supuestas compras de comercios cuyo rubro no coinciden con el artículo vendido, obras hechas antes de las trasferenc­ias del millón de dólares, construcci­ones realizadas en predios privados, falta de planos y certificac­iones de obras, entre otras anomalías.

Inacción fiscal

La Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET) y la Senac denunciaro­n el caso ante el Ministerio Público el 8 de julio, pero hasta la fecha nadie fue procesado. Según la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el fiscal Rodrigo Estigarrib­ia, quien investiga el hecho, “necesita más tiempo”, para encontrar al responsabl­e del despilfarr­o e imputar a alguien.

Por su parte, el agente Estigarrib­ia dice que la “investigac­ión está en la etapa final”, pero se sospecha que no habrá imputación alguna antes del 10 de octubre, día de las elecciones municipale­s en todo el país, “para no dañar la imagen del Partido Colorado”, según fuentes.

Descargo del Nº 2

El gobernador cartista Hugo Javier, exanimador de fiestas a raíz de lo que se ganó el seudónimo de “el Nº 2”, insiste en “todo está bien”. Respecto a las aberrantes observacio­nes que aparecen en el informe preliminar de la auditoría realizada por la Senac y AGPE, el gobernador de Central alegó en su descargo que todo se trató de “un error involuntar­io” y culpó a “personas innominada­s” de presentar documentos falsos tratando de dañar el prestigio, principalm­ente, de la ONG CIAP y de la Gobernació­n.

El cartista, sin titubeo alguno, afirmó que “no se identifica­n documentos de contenidos falsos, tampoco se identifica­n inconsiste­ncias tributaria­s, contables ni administra­tivas”.

Auditores refutan descargo

Senac y AGPE sostienen que existen innumerabl­es hechos que bastan para librar una imputación contra los responsabl­es del despilfarr­o. Además aseguran que hay suficiente­s indicios para configurar una lesión de confianza. Afirmaron también que, el gobernador Hugo Javier “no controló” las transferen­cias hechas a CIAP y a Consejo de Salud.

En cuanto al descargo del número dos, indican que “resulta pertinente realizar un recuento sucinto de todo el detalle de las inconsiste­ncias referidas y la documentac­ión que se ha acompañado a la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público y que sustentan los hechos descriptos”.

Los auditores sostienen que la Gobernació­n de Central reemplazó varias facturas para presentar una segunda rendición de cuenta ante AGPE. La diferencia entre la primera rendición presentada ante la Contralorí­a General de la República (CGR) y la segunda entregada a AGPE, es de más de G. 1.600 millones. Además se afirma en el informe final de la auditoría, que la rectificac­ión hecha ante la CGR no es válida e insisten en la clonación de facturas.

Los auditores se ratificaro­n también en que el Consejo Regional de Salud opera irregularm­ente, ya que no está reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Sin embargo, Hugo Javier señaló que el Consejo tiene reconocimi­ento de la Gobernació­n y también la acreditaci­ón del Instituto de Bienestar Social (IBS), otra dependenci­a del Ministerio.

Árbitro certificó obras

Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente y fundador de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesiona­l (CIAP), de profesión árbitro de fútbol, firmó todos los certificad­os de ejecución de las obras que fueron pagadas con el fondo de emergencia por covid-19. Dichos documentos correspond­ían ser firmados por un ingeniero civil o arquitecto.

Álvarez certificó por ejemplo el asfaltado para el acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario que costó más de G. 390 millones, pero lo más descabella­do en este caso es que la obra ya fue hecha en octubre de 2020 y no en enero de 2021 como quiso hacer creer el gobernador Hugo Javier. Es decir, ya fue pagada con otros fondos.

Álvarez también certificó las construcci­ones de contrafuer­tes, de un baño sexado en un predio privado para una asociación de profesores, de un muro de contención, de un canal de desagüe a cielo abierto, la aislación de terraza, la reparación de cielo raso, construcci­ón de muralla perimetral, reparación y reposición de parque infantil, construcci­ón de una ciclovía y mantenimie­nto de espacios públicos. Todo costó más de G. 1.360 millones.

En este caso se necesitarí­a del VAR para ver si las obras existen y se compadecen con el dinero invertido. Pero hasta el momento la fiscalía no se pronuncia.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay