Impunidad, madre prolífica de la corrupción.

Tras el aumento de la sanción para los invasores de tierras, la meritoria luchadora social María Esther Roa criticó que los actos de corrupción no sean crímenes, sino tan solo delitos. Pero el art. 13 del Código Penal dispone que son crímenes los hechos punibles castigados con más de cinco años de cárcel y delitos los que conlleven una multa o una pena privativa de libertad que no supere esos años. Y bien, el tan frecuente enriquecimiento ilícito –entre otros– constituye así un crimen, ya que una ley especial lo sanciona con hasta diez años de prisión. La cuestión no es que las penas sean más rigurosas para que tengan un efecto disuasivo: las leyes se convierten en papel mojado cuando no son aplicadas, porque también la administración de Justicia está permeada por la corrupción.